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La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) calificó de “positiva” la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de aplazar la entrada en vigencia del reglamento técnico que regulará los productos para vapeo en Costa Rica.
Según la cámara, la decisión permite “proteger la salud pública, fortalece el combate al comercio ilícito y brinda seguridad jurídica en la aplicación de la normativa”, porque la ampliación del plazo facilita una implementación más ordenada del reglamento con mayores garantías.
La decisión fue adoptada por la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de Salud, Alexánder Sánchez. Con esta modificación, la normativa comenzará a regir oficialmente a partir del 6 de agosto del 2027.
“Resulta acertado que el Gobierno se asegure de contar con las condiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias antes de poner en marcha una regulación de esta naturaleza.
“De haber entrado en vigor el reglamento en la fecha originalmente prevista, se habría generado un periodo en el que los productos autorizados no podrían comercializarse formalmente, creando un vacío que podría favorecer el crecimiento del mercado ilegal”, señaló la Cámara de Comercio.
“Cuando una regulación entra en vigor sin que existan los mecanismos necesarios para su correcta implementación, pueden generarse efectos no deseados que terminan fortaleciendo precisamente aquello que se busca combatir: el comercio ilícito y la distribución de productos fuera de cualquier control sanitario”, defendió el director ejecutivo del Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Ricardo Carvajal.
Según la CCCR, apenas cuatro meses después del anuncio de la prohibición, en enero del 2026, la Fuerza Pública decomisó aproximadamente 8.400 vaporizadores ilegales.
La Cámara pidió que los vapeadores sean incorporados dentro de la estrategia nacional de combate al comercio ilícito que impulsa el país, junto con otros productos que actualmente afrontan altos niveles de contrabando y comercio ilegal, según dijeron.
¿Qué argumentó el gobierno?
De acuerdo con las autoridades, la ampliación del plazo responde a una medida estrictamente administrativa y operativa para fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud.
Según el nuevo decreto, la prórroga busca fortalecer la capacidad institucional de vigilancia sin eliminar ni flexibilizar ninguno de los requisitos sanitarios, de etiquetado o de análisis de laboratorio que se establecieron originalmente. Sino que busca “fortalecer la correcta ejecución del reglamento, sin variar los fines de protección de la salud pública que sustentan la normativa”.
