La ampliación de la carretera entre San José y Cartago está cerca de iniciar un proceso de contratación para que una firma concesionaria se encargue del diseño, construcción y operación de la vía.
Pero antes debe superar dos pasos claves que definirán los peajes y el modelo financiero bajo el cual operará el proyecto, que, de concretarse, sería el primero en ejecutarse mediante una iniciativa privada.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que si bien en este mecanismo el iniciativista entrega, como parte de su propuesta, los términos de referencia o el borrador general del cartel, este no es el que se utiliza como pliego definitivo a la hora de lanzar la contratación.
“Ese se usa como base, pero la Administración lo revisa, lo modifica y lo ajusta a sus necesidades. En este caso, y como el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) tenía más de 10 años de no publicar ninguna concesión y esta es la primera como iniciativa privada, hemos buscado el apoyo de expertos extranjeros para que nos ayuden a ajustar todos los instrumentos, de manera que sea una concesión exitosa”, explicó.
Según el jerarca, una vez que se tenga listo ese cartel, deberá ser enviado a Hacienda para que valoren contingencias fiscales. Posteriormente, también debe ser sometido a la revisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para que avale el modelo tarifario; es decir, los montos de peajes con los que se financiará la obra.
Según Zeledón, actualmente ya se está en conversaciones con ambas dependencias para adelantar esas gestiones, a fin de que una vez que se tenga el cartel ya revisado por los expertos, la aprobación sea más expedita.
Aunque el monto final de los peajes dependerá de la aprobación del modelo tarifario, estos serían similares a los planteados desde el inicio de la postulación del proyecto; es decir, alrededor de $2 de ida y $2 de vuelta en dos estaciones.
La estimación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que estas fases de consultas pendientes se completen en los próximos meses, para publicar el cartel licitatorio a mediados de año. Una vez completado el proceso de recepción y revisión de ofertas (que dependerá, además, de posibles objeciones o apelaciones), se avanzaría en la adjudicación de la obra y la firma del contrato.
Según los plazos estimados, de ejecutarse con éxito esas etapas, los procesos de diseño y construcción del proyecto podrían arrancar el próximo año.
Aunque la iniciativa privada fue planteada por la empresa MECO, la cual recibió la aprobación en setiembre del año pasado, este modelo implica que a partir de la publicación del cartel, cualquier firma constructora puede participar. En caso de resultar adjudicada una empresa distinta del iniciativista, esta deberá reconocer los costos de lo invertido en las fases de estudios y proposición de la iniciativa.
El proyecto
De acuerdo con los planes del MOPT y el CNC, la ejecución de las obras se haría en dos etapas, que tardarían alrededor de dos años cada una. Una vez puesto en servicio todo el corredor, el tiempo de viaje entre San José y Cartago se reduciría a media hora, según las estimaciones de la empresa. Actualmente, ese recorrido es de más de una hora en carro, y de entre hora y media y dos horas en autobús.
El costo total de la ampliación a lo largo de los 16 kilómetros (km) se estimó en $614 millones, que se financiarían mediante un modelo de concesión en el que el MOPT otorgaría a la empresa que resulte adjudicada la operación de la vía por un plazo de 25 años (incluyendo el periodo de la construcción), durante los cuales la firma recuperaría su inversión mediante el cobro de peajes.
Actualmente, se estima que la ruta es usada por alrededor de 80.000 vehículos al día.
La propuesta presentada por MECO contempla la construcción de un carril adicional en cada sentido de la autopista Florencio del Castillo (quedaría a tres carriles por sentido), entre la rotonda de Hacienda Vieja y Ochomogo (donde se inicia el intercambio de Taras), así como mejoras en la vía existente, intercambios, bahías para autobuses y carriles de aceleración y desaceleración.
Entre la rotonda de Hacienda Vieja, en Curridabat, y la rotonda de las Garantías Sociales, en Circunvalación, la obra sería completamente nueva, e incluiría la construcción de un viaducto de dos carriles por sentido, con rampas de acceso en un trayecto de unos 3 km. Sería la obra de este tipo más extensa del país.

El trazado del viaducto no se haría sobre la vía existente, sino que se iniciará en la zona verde ubicada al oeste de la rotonda de Hacienda Vieja, hasta las cercanías de Café Volio; ese tramo correspondería a las rampas y es donde se ubicarían también las segundas casetas de peaje, para posteriormente elevarse, en un segundo nivel, hasta salir al centro comercial Multiplaza, desde donde continuaría como tramo elevado, pasando por un costado de la iglesia de Zapote, hasta la rotonda de las Garantías Sociales.
Los intercambios que se intervendrían en la Florencio del Castillo incluyen la actual rotonda de Hacienda Vieja; la intersección con la vía que conecta con el túnel de La Galera; el paso elevado frente a Ciudad del Este; el túnel hacia San Diego de La Unión; el acceso a Tres Ríos en La Carpintera, y un nuevo paso superior frente a Recope, en Ochomogo.
La propuesta de MECO detalla las dos fases constructivas. La primera sección serían los 13 km entre la rotonda de Hacienda Vieja y Taras, debido a que en ese trayecto se tiene la mayoría del derecho de vía requerido, lo que facilita avanzar con las expropiaciones en el otro tramo. En tanto, la fecha de inicio del viaducto estaría sujeta a dos factores: recursos de la empresa que resulte adjudicada y terrenos disponibles.
La iniciativa privada de MECO se presentó por primera vez a mediados del 2019 y recibió el aval para iniciar estudios en octubre de ese año. Debido a la pandemia, los plazos para completar los estudios se extendieron y posteriormente, al inicio del actual gobierno, el entonces jerarca del MOPT, Luis Amador, decidió archivarla alegando sobrecostos e incumplimientos técnicos por parte de la empresa.
La empresa apeló esa decisión por supuestas irregularidades en el proceso, y el MOPT revivió el plan en agosto del 2024. Un año después, la Junta Directiva del CNC avaló el planteamiento para avanzar a la etapa de licitación.
