Un usuario de redes sociales, de apellidos Naranjo Castro, amenazó al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, con quemarle su casa por su oposición a la instalación de un relleno sanitario en el distrito de Turrúcares.
En una captura de pantalla compartida, el usuario escribió: “Si por su politiquería de mierda el país cae en una deuda de mierda por el relleno sanitario, le vamos a quemar la casa”.
El comentario también contiene insultos dirigidos al funcionario y a otra persona a la que identifica como alguien cercano a él.
Posteriormente, el alcalde publicó un mensaje en el que señaló al usuario de redes sociales como parte de una supuesta “manada” organizada para atacarlo mediante redes sociales y perfiles falsos.
“No lo conozco. Como él hay muchos otros. Aunque no importa si existen o no. Aprovechan cualquier oportunidad”, manifestó.
El jerarca aseguró que las amenazas no lo intimidarán y defendió su gestión y la de sus funcionarios.
“Las amenazas no me asustan. Aquí estoy armado hasta los dientes con la verdad”, escribió.
También afirmó que continuará defendiendo “la dignidad irrespetada del pueblo de Turrúcares” y sus actuaciones como alcalde.
“No leen, no escuchan, no estudian, no entienden razones. Ni les interesan. Solo siguen instrucciones y repiten. Inventan. Les importa un comino la verdad. Las explicaciones y los argumentos”, dijo.
Inversión condicionada
El 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la apertura de un relleno sanitario de la empresa EBI en el distrito alajuelense de Turrúcares.
En un encuentro con vecinos, Chaves condicionó una eventual inversión para la comunidad a que el Concejo Municipal de Alajuela elimine, antes del 2 de diciembre, un proceso de lesividad que busca revertir los usos de suelo otorgados para la apertura del relleno en la zona.
En 2011, el Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad de Alajuela emitió cinco usos de suelo solicitados por propietarios de terrenos en Turrúcares para desarrollar un parque industrial de tratamiento de desechos (relleno sanitario). Posteriormente, EBI adquirió las propiedades y realizó gestiones ante Setena y el Ministerio de Salud, según había explicado Thompson a La Nación.
El alcalde explicó que los usos de suelo no equivalen a permisos de construcción ni autorizaciones para movimientos de tierra. En 2016, declaró su nulidad al detectar vicios técnicos y jurídicos. Luego, el Concejo Municipal acordó iniciar procesos de lesividad para que los tribunales anularan su validez.
El alcalde añadió que una solicitud reciente de EBI fue rechazada por la Municipalidad debido a los procesos judiciales pendientes, acuerdos municipales contrarios al proyecto y requisitos incumplidos por la empresa.
EBI interpuso un arbitraje internacional contra el Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) luego de que la Municipalidad de Alajuela buscara que no se construya el relleno en Turrúcares.
Según Rodrigo Chaves, la empresa pide una indemnización de $154 millones (unos ¢70.000 millones), mientras que los costos de la defensa ascienden a $4 millones (unos ¢2.000 millones).
“Ya saben, en el momento que el Ministerio de Hacienda tenga que girar ¢2.000 millones... antes del 2 de diciembre que ya empieza la convocatoria (del litigio); o sea, esto (la oferta) dura 15 días, 22 días”, dijo Chaves, quien durante el evento giró órdenes a los otros ministros y les exigió plazos, como si estuviese en el papel de un presidente.
Chaves les prometió a los vecinos construir centros de cuido para niños y adultos mayores, mejorar las rutas nacionales 721 y 136, levantar dos puentes y construir un colegio técnico profesional a cambio de permitir el relleno en Turrúcares. También ofreció desarrollar espacios comunitarios y deportivos, aunque indicó que podría incluir otras obras.
En Costa Rica hay siete rellenos sanitarios, sin embargo, según el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, dos se encuentran en cierre técnico: uno ubicado en La Carpio y otro en Aserrí. Los dos son de EBI, empresa que posee un tercero ubicado en Limón.
La Nación reveló en exclusiva que Juan Carlos Obando Umaña, exgerente de Berthier EBI de Costa Rica y quien se presenta como asesor de la empresa, aportó ¢5 millones al Partido Pueblo Soberano (PPSO) el 6 de agosto del 2025. El empresario también participó como coordinador de Transportes en la campaña presidencial de Fernández.