El País

Alcaldesa de Puriscal veta acuerdo municipal para salir de Unión de Gobiernos Locales

Los regidores del cantón querían redireccionar a la Cruz Roja y un hogar de ancianos los ¢4.054.155 que paga la Municipalidad a esta organización

La alcaldesa de Puriscal, Iris Cristina Arroyo Herrera, vetó un acuerdo que tomó el Concejo Municipal del cantón para salirse de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

El propósito de los regidores es ahorrarse el costo que representa ser socio de esa organización y utilizar ese dinero para ayudar a la Cruz Roja y a un hogar de ancianos de este cantón de San José.

No obstante, la alcaldesa, militante del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que el acuerdo es ilegal, inoportuno y que carece de motivación.

La Municipalidad de Puriscal gira una partida anual de ¢4.054.155 a la UNGL. El Concejo Municipal tomó la decisión de redireccionar ese monto de la siguiente manera:

--¢1 millón al Comité Auxiliar de la Cruz Roja del cantón para los gastos de equipo médico.

--¢1 millón al Comité Auxiliar de la Cruz Roja de La Gloria de Puriscal para compra de combustible.

--¢2.054.155 al Hogar de Ancianos Corazón de Jesús para la compra de pañales.

El acuerdo fue tomado el 9 de febrero y recibió el apoyo de los regidores Óscar Bermúdez Montero (Partido Comunal Unido); Luis León Guillen (PLN); Flor Mora Espinoza (PAC) y Marco Vinicio Chacón Quesada (PUSC). En contra votó la regidora Raquel Mora Calderón (PLN).

La alcaldesa alegó que dicha moción no indica por cuánto tiempo los beneficiarios serán acreedores de este dinero, ni tampoco un tiempo estimado del año en que se realizarán los depósitos (sí por mes, por trimestre o de manera anual) y las cuentas bancarias a las que se harían.

“De la lectura del acuerdo se denota una completa falta de motivación del mismo, no señalando los señores regidores los elementos fácticos y jurídicos que motivaron tal decisión, pues se limitan a señalar una moción la cual está viciada de ilegalidad”, indicó Arroyo en el veto, del cual La Nación tiene copia.

La liberacionista señaló que es claro que instituciones públicas y privadas, así como instituciones sin fines de lucro tienen necesidades económicas provocadas por la pandemia, pero no se justifica la desafiliación de la UNGL para dar soporte a estas entidades.

Arroyo sustenta su posición en que el presidente del Concejo Municipal, Óscar Bermúdez Montero (impulsor de la propuesta), es parte de la Junta Directiva de la Asociación San Vicente de Paul, la cual administra el hogar de ancianos que recibiría los recursos.

La jerarca dijo que Bermúdez debe recusarse a su votación del acuerdo, “ya que él mismo tiene interés directo en que esta asociación se beneficie de la donación municipal, lo cual evidentemente se contrapone al ordenamiento jurídico y al principio de legalidad”.

Al final, la verdiblanca recalcó que la decisión de los regidores carece de motivación y que no establece las acciones legales que garanticen un buen uso de los recursos municipales.

“En caso de no acogerse el veto, en cumplimiento del artículo 167 del Código Municipal, solicito en la misma sesión, se acuerde elevarlo al Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva conforme a derecho”, concluye el veto firmado por Arroyo.

La crisis económica ocasionada por la pandemia de coronavirus también se reflejó en las municipalidades, con una importante caída en los ingresos, especialmente por el cobro de patentes.

Ese golpe financiero fue el principal fundamento para que ocho ayuntamientos abandonaran la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en menos de 15 días, el pasado mes de agosto.

Desacuerdo en la administración

No es la primera vez que la alcaldesa Iris Cristina Arroyo Herrera se posiciona en contra de una decisión del Concejo Municipal.

El 15 de julio del 2020, la jerarca confirmó a La Nación que vetaría un acuerdo que tomaron los regidores para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en Puriscal por motivo de la pandemia.

Arroyo argumentó en esa ocasión que la medida era ilegal porque la ley, así tal cual está, no contempla la situación sanitaria actual para hacerlo.

Ella también había mencionado que esa no era la primera vez que el Concejo del cantón tomaba una decisión sin fundamento legal.

“(Los regidores) simplemente no se informan o dicen tener sus asesores que yo la verdad es que no sé cuáles son, pero no los están asesorando de la mejor manera. Entonces sí me preocupa esa continua situación de que yo tenga que estarles vetando los acuerdos”, destacó Arroyo en aquella fecha.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Escribe sobre vivienda y trabajo.