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Un total de 96 personas privadas de libertad participan actualmente en el plan Cero Ocio, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Paz que busca incorporar a reclusos en labores de mantenimiento y recuperación de espacios públicos como parte de su proceso de inserción social.
El programa forma parte del modelo que el Gobierno busca consolidar mediante el proyecto de ley Cero Ocio en las Cárceles, presentado por la presidenta Laura Fernández ante la Asamblea Legislativa el pasado 15 de julio.
Sin embargo, aunque tienen nombres semejantes, ambas iniciativas no son iguales: mientras el plan vigente contempla trabajo no remunerado a cambio del beneficio de descuento de pena, la propuesta del Ejecutivo plantea ampliar las actividades productivas remuneradas y regular la distribución de esos ingresos.
¿Cómo funciona el plan?
En respuesta a una consulta de La Nación, la cartera informó que los participantes provienen de seis establecimientos penitenciarios: CAI Luis Paulino Mora Mora, UAI Reynaldo Villalobos Zúñiga, CAI Antonio Bastida (Pérez Zeledón), CAI Limón, CAI Nelson Mandela (San Carlos) y CAI 26 de Julio (Puntarenas).
Según el Ministerio, quienes integran el programa realizan labores de pintura y mantenimiento básico en centros educativos, limpieza y recuperación de zonas verdes, mantenimiento de derechos de vía, recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos.
Las tareas varían según las necesidades de cada proyecto y las condiciones técnicas, operativas y de seguridad.
La institución sostiene que estas actividades forman parte de los procesos de inserción social del sistema penitenciario y buscan fortalecer hábitos como la responsabilidad, la puntualidad, el trabajo en equipo y el cumplimiento de instrucciones, además de preparar a los participantes para su eventual incorporación al mercado laboral.
El Ministerio aclaró que el programa complementa otras acciones, como la atención profesional, la educación, la capacitación técnica y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
No reciben salario
El Ministerio de Justicia aseguró que las personas privadas de libertad que participan en el programa no reciben remuneración económica por las labores que realizan.
No obstante, explicó que el trabajo puede ser reconocido para efectos del descuento de pena previsto en el artículo 55 del Código Penal, siempre que se cumplan los requisitos legales y técnicos correspondientes. Ese beneficio, enfatizó la institución, no es automático ni constituye un pago por el trabajo realizado.
Además, el Ministerio indicó que desde el inicio del programa no ha desembolsado recursos por concepto de remuneración, por lo que el monto pagado asciende a ¢0.
Esa dinámica cambiaría con el proyecto de Ley Cero Ocio en las Cárceles, impulsado por el Gobierno. La cuarta iniciativa del paquete de seguridad propone ampliar la participación de las personas privadas de libertad en actividades productivas remuneradas y destinar parte de esos ingresos al sistema penitenciario, a las víctimas y a sus familias.
Durante la presentación del proyecto, la presidenta Laura Fernández cuestionó el costo que representa la población penitenciaria para el Estado y sostuvo que quienes cumplen condena deben contribuir económicamente mediante trabajo productivo.
La propuesta mantiene el beneficio de descuento de pena por trabajo ya contemplado en la legislación, pero establece nuevas reglas para la distribución de los ingresos obtenidos por las personas privadas de libertad.
Según el proyecto, el dinero generado se distribuiría de la siguiente manera:
- 35% para el sistema penitenciario, con el fin de contribuir a cubrir costos de manutención.
- 35% para las víctimas o sus familias, como mecanismo de reparación económica.
- 20% para familiares de la persona privada de libertad, incluidos hijos, cónyuges o padres dependientes.
- 10% para un fondo de ahorro personal, que sería entregado al momento de recuperar la libertad.
Solo participan instituciones públicas
Actualmente, ninguna empresa privada forma parte del plan Cero Ocio. En su fase actual, las labores se desarrollan mediante coordinaciones con instituciones públicas y gobiernos locales.
Entre las entidades que participan se encuentran el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y los Centros Cívicos por la Paz, donde los privados de libertad realizan trabajos de pintura, mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios públicos.
¿Quiénes pueden participar?
El Ministerio aclaró que el ingreso al programa no depende exclusivamente del delito por el que una persona fue condenada.
Explicó que cada caso es sometido a una valoración interdisciplinaria en la que se analiza la situación jurídica del privado de libertad, su comportamiento institucional, las condiciones de seguridad, el proceso de atención profesional y su aptitud para las labores asignadas.
Entre los principales requisitos figuran no registrar reportes disciplinarios recientes incompatibles con la actividad, no tener antecedentes de evasión o intentos de fuga, encontrarse próximo a cumplir la mitad de la pena o haber superado ese plazo.
Asimismo, no presentar consumo activo de sustancias psicoactivas, contar con una valoración favorable del equipo interdisciplinario y cumplir con los criterios de seguridad establecidos para cada proyecto.
El Ministerio añadió que la cantidad de personas que participan en cada grupo y el número de oficiales penitenciarios asignados para su custodia se definen de acuerdo con una valoración técnica y operativa que considera el tipo de actividad, el nivel de riesgo y la disponibilidad de personal.
