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La mañana del 10 de marzo del 2005, Santa Elena de Monteverde, en Puntarenas, despertó sumido en un luto silencioso. En las puertas de las casas colgaban lazos negros y la sucursal del Banco Nacional, con su fachada blanca perforada por múltiples impactos de bala, se erguía entre las calles de lastre, como testigo de una lamentable tragedia que marcó al país.
Eran pasadas las 3:19 p. m. del 8 de marzo cuando tres hermanos armados intentaron ingresar al Banco Nacional. Dos de ellos, Santos Agenor Hurtado Martínez y Santos Mayori Cruz Martínez, quedaron abatidos en la entrada del banco en un intercambio de balas con oficiales del banco. Otro cómplice habría escapado, pero Erlyn Hurtado Martínez, entre proyectiles, alcanzó a cruzar la puerta.
Adentro inició una pesadilla que tardó 28 horas y culminó con la toma de 31 rehenes y un desenlace con nueve muertos y 17 heridos.
Desde los primeros minutos, el pánico y la incertidumbre consumieron a una comunidad abatida por un escenario insólito, sobrevolada por helicópteros de seguridad. A la población local se le recomendó encerrarse en sus casas y negocios, pues el enfrentamiento armado podía tomar cualquier curso.
Otros oficiales rodearon el edificio, mientras esperaban la llegada de la Unidad de Negociadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En un intenso despliegue policial, cuando la negociación cumplía 20 horas, un grupo de oficiales irrumpió en el banco por la puerta sur, donde se escucharon varias detonaciones. Sin lograr capturar al secuestrador, el enfrentamiento cobró la vida del comandante Oscar Quesada, y dejó herido a otro policía, así como a un civil.
Faltando 15 minutos para las 8 p. m. del 9 marzo, y luego de ir liberando gradualmente a los rehenes, Erlyn Hurtado finalmente cedió. Con lesiones leves por las esquirlas de las balas, se entregó y liberó a su última rehén, una cajera identificada como Elizabeth Artavia Solís.
Hasta el final del tormento trascendió la espantosa cifra de nueve fallecidos: los dos asaltantes y el oficial Quesada; dos empleados bancarios: Juan Pablo González, jefe de crédito de 26 años, y Rosa Marchena, oficial de mostrador de 23; y cuatro clientes: María Rosa Bolaños (54), Mario Enrique López (39), Víctor Badilla (39) y William Suárez (49). Días después, el OIJ reveló que tres de los rehenes, González, Marchena y López fueron asesinados a sangre fría por Hurtado, y no por el tiroteo desatado en la puerta del banco.
Ocho de las víctimas murieron el 8 de marzo, y solo Quesada falleció el día 9, detalló en aquel momento el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos.
24 horas después del arresto, el Juzgado Penal de Puntarenas le dictó al asaltante un año de prisión preventiva, mientras le investigaba por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y secuestro extorsivo. Hurtado y su banda también fueron vinculados a 18 asaltos perpetrados desde enero del 2004. Empezaron en pulperías y supermercados, y evolucionaron de tal forma que se sintieron envalentonados para asaltar un banco.
El juicio culminó el 22 de noviembre del 2006. Sobrevivientes y familiares lloraron al escuchar que Erlyn Hurtado fue condenado a 210 años de cárcel y el pago de ¢200 millones en indemnizaciones. El sentenciado permaneció menos de cinco años tras las rejas: en mayo del 2011 se unió a 70 reclusos en un intento de fuga de La Reforma. Otra misión fallida para Hurtado, quien perdió la vida junto a dos personas, un preso y un policía penitenciario, en el intercambio de balas con agentes judiciales.
La masacre de Monteverde dejó incluso implicaciones políticas, pues en el 2006 una subcomisión de la Asamblea Legislativa señaló errores en las acciones policiales, como falta de liderazgo y carencia de protocolos.
La entonces diputada Laura Chinchilla, encargada de redactar el reporte, afirmó que los hallazgos serían enviados al ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, y al fiscal general, Francisco Dall’Anese.
Punto de inflexión en la seguridad costarricense
Aquel martes del 2005, el país aprendió una dura lección de sangre y muerte. “No me queda la menor duda de que este grupo, de alguna manera logró transformar la seguridad del país”, remarcó Gustavo Mata, quien en aquel entonces fungía como subjefe de investigaciones criminales del OIJ y quien luego fue ministro de Seguridad.
“La atención de casos o de eventos de ese tipo, de casos mayores como se hace saber en la jerga policial, deben de ser atendidos con una instrumentación importante, eficacia e idoneidad de la gente que está interviniendo en la situación de la crisis”, explicó.
Mata apuntó que los hechos del Banco Nacional motivaron cuestionamientos contra los tomadores de decisiones, que “se quitaban el tiro” y dejaron todo en manos de los cuerpos policiales.
Una de las consecuencias de no actuar en el momento oportuno, aseguró el exministro, es que algunos de los rehenes murieron por no recibir atención médica pronta. La falta de preparación limitó las opciones de la Policía, que por horas no encontró la manera de irrumpir la sucursal sin poner en riesgo la vida de los rehenes.
Asimismo, evocó al jefe del grupo de choque que intervino, quien alegó que las armas estaban viejas, al punto de que un proyectil impactó a Hurtado en la boca, pero al no salir con suficiente fuerza, solo le provocó una herida superficial.
“Esta fue una situación realmente angustiante, pero son circunstancias de las que desgraciadamente se aprende con el tiempo, con experiencias. Lastimosamente, tienen que suceder para preparar a los equipos policiales que intervienen en estos eventos con las mayores capacidades técnicas, físicas y de armamento que se les puede dar para este tipo de asaltos que se llevan a cabo”, declaró.
Después de este suceso, el OIJ creó un protocolo que determinó una cadena de mando para situaciones de rehenes. Los bancos también tomaron medidas, al invertir en dispositivos para detectar metales extraños.
“Se hicieron una gran cantidad de reuniones con los jerarcas de los bancos y principalmente con los jefes de seguridad de estos bancos para trabajar de una manera más coordinada, más organizada y evitar en un futuro inmediato que se repitieran circunstancias parecidas a este evento”, recordó Mata.
