11.000 personas sobreviven arrinconadas en cuarterías

En un espacio de 12 metros cuadrados, una familia de siete personas vive arrinconada con tres colchones, una olla arrocera, un televisor, un tendedero, ropa por aquí y por allá y un ratón que se pasea por las hendijas del cuarto.

Todos están alumbrados por un único bombillo que cuelga de un cable improvisado en el techo. Como esta familia de Curridabat, 11.000 personas habitan en unas 5.500 cuarterías en todo el país.

Su bolsillo no alcanzó para pagar el alquiler de una casa. Por eso, con unos ¢40.000 por mes, rentan un techo compartido, sin baño propio ni derecho a la privacidad.

Son hijos de la pobreza. De ellos, 5.290 son nicaragüenses, 5.088 son costarricenses y el grupo restante (622) son colombianos, hondureños, algunos rusos y chinos, según indica el Censo Nacional 2011.

“Tengo tres meses de estar aquí. Vine con los cinco chiquitos desde Puntarenas porque allá la cosa estaba dura. Trabajábamos en una chatarrera, pero no había ni para comer y vivíamos en un rancho de plástico. Ahora más bien vivimos como reyes”, aseguró Casandra Lostalo, de 26 años e inquilina de una cuartería en Curridabat.

En el “nuevo hogar” pagan unos ¢45.000 por mes. En el lugar hay un único baño y otras áreas que comparten unas 13 personas.

“En la pila donde lavamos trastes, se lavan calzones y bañamos a los chiquitos. Uno busca donde mejor caliente el sol, pero uno no topa con suerte”, se quejó Lostalo.

En la Gran Área Metropolitana (GAM), las cuarterías van en aumento. Según el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, los principales problemas sociales de la capital josefina son las ventas ambulantes, la indigencia y los cuartos de alquiler.

“Es un hecho que la situación va en aumento. La mayoría de estos lugares operan con las condiciones mínimas de salud. Son sitios que lucran sin los permisos del Ministerio de Salud. Este es uno de los frutos de la pobreza, el desempleo y la informalidad”, señaló Solano.

Según el Censo, un tercio de estos asentamientos son hogares habitados por familias con hijos y un 70% de las construcciones están en condición mala o regular.

“Hay una relación con el trabajo informal y mal remunerado. Se ubican, por lo general, en distritos donde hay mayor incidencia de precario. Son una necesidad habitacional de mala o regular calidad donde los inquilinos lo que buscan es abaratar costos”, explicó Franklin Solano, de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).

El 55% de estos asentamientos informales se ubican en la GAM y predominan en distritos como Merced, Uruca, La Unión, San Sebastián y el centro de la capital.

“Uno sin trabajo no es nada. La gente lo hace a uno a un lado y a veces no hay ni plata para la leche de los chiquitos”, dijo Emanuel Arguijo, quien alquila en Curridabat.

Sin nada. Los inquilinos que tocan la puerta de una cuartería son, en su mayoría, desempleados (2.509) o empleados de empresas privadas (3.549) que se dedican al servicio doméstico, peones de construcción u otros empleos informales.

“Vivo de esto porque nadie me da trabajo. Las personas que vienen a pedir un cuarto son gente con muchísimas necesidades”, comentó Lucy Camacho, dueña de una cuartería en San José.

Pese a que encarnan la pobreza, hay un 30% de estos hogares que tiene acceso a la tecnología, pues cuentan con televisor y computadora en sus cuartos.

A Casandra y Emanuel, llevar un televisor de 15 pulgadas a sus hijos les costó cuatro meses y ¢10.000 que pagaron a una señora en barrio Cristo Rey, en San José.

Como en el aposento no entra señal de televisión, tuvieron que pagar ¢5.000 para comprar un reproductor de video y tres películas del comediante Cantinflas.

“He tenido que ir a los semáforos a vender confites porque no hay ni qué comer. Mi esposo anda de chamba en chamba, y cuando uno anda de callejero, no hay sueldo fijo. Este es el regalito de Navidad que nos dimos porque los chiquitos estaban deseando ver tele desde hace cuatro meses ”, añadió Lostalo.

Gerarda Hernández, de Curridabat, también sufre la odisea de buscar techo. Su marido huyó a Nicaragua hace un año, dejándola a cargo de sus tres hijos.

“Es una tristeza muy grande. Pero no hay de otra; es esto o vivir en la calle. En el otro lugar donde vivíamos, no teníamos ni luz. Aquí desconecto todos los aparatos antes de ir a dormir para evitar un incendio”, afirmó Hernández.

El departamento de Estadísticas de Bomberos de Costa Rica reportó un total de 10 emergencias de incendio atendidas durante este año en cuarterías.

Los cables sueltos, paredes de madera, latas de zinc y conexiones improvisadas hacen más vulnerables al fuego a este tipo de asentamientos informales.

Entre cuatro paredes, sin servicio sanitario propio y sumando cada billete para llegar a fin de mes, los inquilinos de cuarterías abren el telón de un escenario donde la pobreza y el desempleo son el guión de una obra sin final feliz.