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Desde hace 12 años, el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Batán, en Limón, espera por nuevas instalaciones, luego de que recibiera una orden sanitaria que describe el estado de sus instalaciones como ruinosa.
Durante ese tiempo, estudiantes, profesores y personal administrativo han tenido que lidiar con el riesgo que significa asistir a un centro educativo que requiere una intervención a fondo debido a su severo deterioro.
La situación no cambiará, al menos, durante el primer semestre del 2026. Sin embargo, se espera que la construcción de una nueva sede finalmente comience en julio, siempre y cuando no surjan imprevistos.
EL CTP de Batán figura entre 101 escuelas y colegios públicos que, al iniciar este año, arrastran órdenes sanitarias rojas debido al pésimo estado de su infraestructura. También hay 622 amarillas y 149 verdes, para un total de 872.
Las órdenes sanitarias rojas, las de prioridad 1, son giradas por el Ministerio de Salud a instituciones con condiciones de severo deterioro y riesgo de cierre.
Según Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP) de los 101 centros que están en la categoría más crítica, 79 tienen un proyecto asociado para atenderlos. Sin embargo, lo anterior no garantiza una pronta solución.
De hecho, en agosto del 2024, Lourdes Sáurez, entonces jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), indicó que atender una orden sanitaria que implica la construcción de un nuevo centro toma dos años como mínimo.
Este plazo, según señaló, es factible siempre y cuando se le dé seguimiento al proyecto y haya una planificación adecuada. No obstante, lo usual es que el tiempo sea mucho mayor.
Las restantes 22 órdenes sanitarias rojas, como las que tienen la escuela Carlos María Jiménez Ortiz, en San Ramón, y Escuela Urbano Oviedo Alfaro, en Grecia, ni siquiera cuentan con un plan de acción.
En estos casos, Sánchez sostuvo que el MEP trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para ejecutar acciones inmediatas de mitigación, como obras paliativas, clausura parcial de áreas de riesgo y reubicaciones temporales.
Aseveró que el objetivo primordial de estas medidas es garantizar la seguridad de la población estudiantil, así como del personal docente y administrativo, “mientras se avanza hacia soluciones definitivas”.
Las otras categorías de órdenes sanitarias son: las amarillas o de prioridad 2, que se aplican cuando hay necesidad de arreglos en baterías sanitarias hasta cambios en cielorrasos o mantenimientos mayores.
Mientras tanto, las verdes o prioridad 3, se asocian con mantenimiento menor o acción administrativa, según detalló a inicio de año Sofía Ramírez, viceministra administrativa del MEP.
¿Qué va a pasar con los 389 centros educativos sin proyecto asociado?
De las 872 órdenes sanitarias que pesan en este momento sobre centros educativos del MEP, 483 cuentan con proyectos activos y 389 (el 44,6%) no tienen plan de acción.
Según el ministro Leonardo Sánchez, la aspiración es que a mayo del 2026, cuando termine esta administración, estas escuelas y colegios sean atendidos, ya sea con formulación o análisis técnico, compra de terreno, contratación de diseño y contratación de obra, entre otros.
Esto no significa que todas las órdenes sean resueltas, pues requieren de procesos que van desde la compra de una canoa hasta la construcción de un nuevo centro educativo, dependiendo de la categoría de la orden.
La exdirectora de la DIE ya había reconocido ante una comisión legislativa la imposibilidad del MEP de atender todas las órdenes durante esta administración.
“Dejarlas en cero sería imposible porque, aunque tengan un proyecto asociado, hay que esperar a que se ejecute el proyecto y pedirle al Ministerio de Salud que quite la orden sanitaria”, reconoció el jerarca.
El ministro dijo que el MEP planea enviar oficios personalizados a cada centro educativo que tenga menos de ¢200 millones en Caja Única del Estado para que con ese dinero atiendan sus órdenes sanitarias.
Para el año 2026, el presupuesto de Educación destinado a infraestructura educativa será de ₡35.550 millones, afirmó Sánchez. Señaló que este dinero se invertirá en construcción, mantenimiento, compra de terrenos y mobiliario.
El jerarca sostuvo que, por primera vez, se contempla invertir en mantenimiento para evitar deterioros. Resaltó que en su plan de trabajo, la atención de estas órdenes es una de las prioridades.
“Más de la mitad de los recursos destinados a infraestructura se orientarán específicamente a la atención de centros educativos con órdenes sanitarias, con énfasis prioritario en las órdenes rojas”, garantizó Sánchez.
Su antecesora, Anna Katharina Müller, anunció al inicio del gobierno la intención de involucrar a municipalidades, centros de salud, policía, empresa privada y otros grupos de la sociedad en la transformación de 27 centros educativos que arrastran órdenes sanitarias para convertirlos en “escuelas modelo de responsabilidad y participación social”.
No obstante, nunca se detalló en forma pública cómo se ejecutaría el plan ni se comunicó luego si hubo resultados.
Años de espera para nuevos centros educativos
La obra del nuevo CTP de Batán estaría lista a finales del 2027: 14 años después de la orden sanitaria.
En el 2024, Édgar Álvarez, presidente de la Junta Administrativa de ese centro educativo, narró las dificultades que enfrentaban en ese momento.
“Tenemos la orden sanitaria más extrema, dice que el estado de las instalaciones es ruinoso. Nos pidieron cerrar, hicimos algunas modificaciones y esperamos recursos para obras menores. La electricidad es lo más grave que tenemos, pone en riesgo a la población estudiantil. Los mismos bomberos han venido por enjambres de chispas”, contó aquella vez.
Semanas atrás, Susana Zúñiga, directora del CTP, comentó a La Nación que finalmente en julio del 2026 se iniciaría la construcción del nuevo colegio gracias una partida del canon de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“Esta construcción se espera desde el 2013”, comentó Zúñiga, quien ve con positivismo que tras años de espera finalmente comiencen los trabajos.
Cuando esto ocurra, deberán ser reubicados los cerca de 2.000 estudiantes, entre el CTP diurno, del nocturno y del Plan Nacional, que asisten al colegio. Aún se desconoce en qué lugar recibirían clases.
Este CTP no es el único centro educativo que ha esperado años por nuevas instalaciones. La Escuela Barrio Limoncito, en Limón, es uno de los casos más emblemáticos del calvario burocrático que viven estudiantes y docentes de centros educativos con estructuras deficientes.
Han pasado 20 años desde que esta institución recibió su primera orden sanitaria y sería hasta finales del 2026 cuando la obra esté terminada, según contó una docente a La Nación.
Durante el 2026, los escolares recibirán clases en aulas móviles. Se trata de estructuras que, según la profesora, ya se están deteriorando y cuyo espacio reducido solo ofrece espacio para 15 estudiantes.
Durante siete años, los más de 400 alumnos de este centro educativo recibieron clases en aulas improvisadas en el terreno de una iglesia,
Ocuparon recintos donde el calor se volvía insoportable porque no había cielorraso, los baños se inundaban cada vez que llovía y el ruido era molesto debido a que “los salones” estaban en un espacio dividido por láminas de plywood, según relató la maestra quien solicitó el resguardo de su identidad.
Según la docente, sería hasta el curso lectivo del 2027 cuando los estudiantes estrenen la escuela que ha sido una promesa de años.
