19 años después de recibir la primera orden sanitaria por el mal estado de sus instalaciones, la Escuela Barrio Limoncito recibió una nueva promesa, otra de tantas: a finales del 2025 les entregarían el nuevo edificio.
Esa es la estimación Lourdes Sáurez, responsable de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sin embargo, el compromiso más cercano es que a finales de agosto se instalen las aulas móviles que en noviembre del 2023 les habían prometido para febrero, cuando inició el curso lectivo, a más de 450 estudiantes limonenses. Por ahora, los escolares continúan recibiendo clases en una iglesia, recinto al que tuvieron que pasar cuando la antigua escuela fue demolida.
La Escuela Barrio Limoncito es parte de los 881 centros educativos costarricenses algún tipo de orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud. De ese grupo, un 68% (599) tienen un proyecto asociado, como denomina la DIE a situaciones en las que se tiene en la Caja Única del Estado una parte o el total del dinero para dar solución al problema, también cuando ya existen planos de la construcción requerida o al menos los empezaron a realizar.
De estas 881 escuelas y colegios, 101 están con orden de cierre o roja. De esos casos graves, hay 20 que ni siquiera tienen proyecto asociado.
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Que una escuela o colegio tengan proyecto asociado no garantiza que la situación se resuelva con celeridad. Sáurez reconoció que el proceso de atención de una orden sanitaria que requiere la construcción de un nuevo centro educativo toma dos años como mínimo, siempre y cuando se le dé seguimiento y planificación adecuada. Normalmente, el tiempo es mucho más.
“(La atención de órdenes sanitarias y proyectos de infraestructura) se tarda porque primero hay que buscar fuente de financiamiento, una vez dada la fuente de financiamiento se crea el proyecto. Estos dos años son a partir de que se tenga la plata”, comentó.
Hay otros casos en los que el tiempo de espera será aún mayor, como ocurre con la Escuela Armenia, en Limón, centro educativo que además de requerir nuevo edificio, necesita la compra de un terreno porque el actual no es apto; esto implica al menos un año más, dijo la funcionaria.
A cada proyecto hay que asignarle un profesional interno, pero, según Sáurez, todos los profesionales están desbordados; en la DIE trabajan 50 arquitectos e ingenieros. Luego, en el caso de mantenimiento del centro educativo, se debe realizar un proceso de licitación que podría tomar de dos a 10 meses.
Para diseño u obra nueva se transfieren los recursos económicos y se asigna un profesional. Todo eso lleva tiempo, solo los planos pueden tardar de seis meses a un año.
“Cualquier proyecto de infraestructura grande necesita pasar por un proceso de elaboración de planos constructivos, trámite de permisos y posteriormente su construcción. Por ser tema público tenemos que pedir recursos, hacer transferencias, capacitar juntas de educación para que hagan los procesos (...)”, precisó la directora de Infraestructura.
Pasa lo mismo con obras pequeñas, como podría ser un comedor escolar.
Sáurez aseguró que de los 599 centros educativos con proyecto asociado, 200 ya están en proceso de diseño. Según dijo, han logrado separar los tipos de órdenes sanitarias y que la Dirección asuma las relacionadas con infraestructura. Cuando se trata de resolver algún tema operativo, como poner rótulos o fumigar, se encargan las juntas educativas y administrativas.
20 años de espera por infraestructura educativa
De cumplirse la promesa de Lourdes Sáurez de que la Escuela Barrio Limoncito tendrá nuevas instalaciones a finales del 2025, estas se estrenarían 20 años después de que alumnos, docentes y funcionarios empezaron a sufrir, pues fue en 2005 cuando el Ministerio de Salud dictó la primera orden sanitaria.
Desde ese momento, lidiaban con paredes consumidas por comején y techos a punto de caerse, por citar solo dos problemas. Fueron varias las generaciones que pasaron por el riesgoso edificio.
En una entrevista con La Nación, Sáurez afirmó que el caso de Limoncito se atendió con un proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); aseguró que en julio publicaron la licitación y que el 23 de agosto recibirán las ofertas de las empresas interesadas en construir la escuela, que costaría unos ¢6.000 millones.
Este medio intentó conversar con Jeannette Navarro, directora de Barrio Limoncito, sin embargo, no respondió las llamadas. En noviembre pasado, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, la educadora clamó por la aprobación del empréstito de $700 millones con BCIE, para tener finalmente una nueva escuela.
Limoncito no es el único caso
La Escuela de Limoncito es un caso histórico, como lo califica la jefa de la DIE, pues suma años de años; pero en general, todos esperan.
La Escuela Líder de Bijagua fue cerrada en el 2022, desde entonces sus estudiantes reciben clases en diferentes instalaciones de la comunidad. Este centro educativo apenas está en el proceso de contratación para empezar a construir la nueva escuela.
Según Sáurez actualmente también atienden la situación del comedor de la Escuela Los Guido, en Desamparados. Aquí, estudiantes, padres y vecinos acudieron a la Sala Constitucional, la que ordenó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, actuar de inmediato para restablecer el servicio de alimentación para los menores, cumpliendo con las mejoras físicas y sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud.
Este mandato se dio luego de siete meses con el comedor cerrado, tiempo durante el cual los niños no recibieron alimentación en la escuela, de acuerdo con testimonios de varias madres.
“A Los Guido fuimos hace poco a ver el comedor. Coordinamos con (programas de) Equidad, que es la gente de alimentación, para cambiar la modalidad. Además estamos ya con el compañero para ver si viene presupuesto extraordinario y podemos sacar recursos para atender el comedor”, comentó Saúrez. Aún no se sabe cuándo iniciará la intervención de este espacio escolar y menos todavía cuándo volverá a abrir.
Mamás de estudiantes contaron a este medio, que los alumnos no reciben alimentación en la escuela, sino que cada mes o 40 días les entregan un paquete con algunos alimentos para preparar en casa, los que a su criterio no son equiparables con lo que recibían de parte del servicio. A la fecha, el comedor suma 11 meses cerrado.
Otro centro educativo que esperó por años para la construcción de nuevas instalaciones fue el Liceo de Chacarita, en Puntarenas. Sáurez señaló que ya está cerca la inauguración de un colegio que, según informó el MEP, inició su construcción en octubre del 2022, tras casi una década de espera.
Varias órdenes sanitarias hicieron que los alumnos tuvieran que abandonar el antiguo colegio en el 2020. En la página de Facebook del liceo, anuncian que las clases en “la nueva casa” serán a partir del 19 de agosto. El costo de esta estructura fue de casi ¢7.000 millones. La Escuela de Limoncito sería el segundo proyecto más costoso.
La funcionaria contó que hay órdenes sanitarias que se puede resolver en menos tiempo, como en la Escuela Linda Vista de Miramar, en la que dice que con ayuda de la empresa privada resolvieron un problema eléctrico en dos meses. Sin embargo, esa realidad es muy lejana para otros centros que ni siquiera cuentan con un proyecto asociado.
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32% de 881 órdenes sanitarias sin proyecto asociado
El 32% de los centros educativos con orden sanitaria del país no tienen un proyecto asociado. Esto significa que 281 de los 881 de las escuelas y los colegios con necesidad de algún tipo de atención, permanecen en lista de espera para recibir las mejoras o la ansiada construcción de un nuevo centro educativo.
“Estamos buscando orientarlos hacia alguna fuente de financiamiento para poder ejecutar el proyecto correspondiente”, afirmó la responsable de la DIE.
De estos 281 centros con orden sanitaria, 20 tienen orden de cierre.
Ese es el caso del Colegio Técnico de Batán, que Lourdes Sáurez reconoce como de atención urgente. No obstante, según informó Édgar Álvarez, presidente de la Junta Administrativa, la ayuda no llega aun cuando las condiciones del colegio son “ruinosas”.
Álvarez comentó que ni siquiera les han girado los recursos prometidos para reparaciones con las que podrían sostener un poco más de tiempo el CTP abierto.
Este centro educativo tiene orden sanitaria desde el 2020. La infraestructura en general y el sistema eléctrico presentan lamentables condiciones, reclamó el presidente de la Junta.
“Tenemos la orden sanitaria más extrema, dice que el estado de las instalaciones es ruinoso. Nos pidieron cerrar, hicimos algunas modificaciones y esperamos recursos para obras menores. La electricidad es lo más grave que tenemos, pone en riesgo a la población estudiantil. Los mismos bomberos han venido por enjambres de chispas.
“La DIE tiene conocimiento, todos los años prometen dinero para obras menores y no lo depositan. Dicen que van a hacer el colegio nuevo, pero no pasa, ya hasta tenemos los planos (que pagaron con parte del presupuesto que tenían en Caja Única del Estado)”, detalló Álvarez.
El presidente de la Junta es egresado de este centro educativo que se construyó hace 50 años y al que asisten unos 2.000 estudiantes, entre alumnos del CTP diurno, del nocturno y estudiantes de Plan Nacional.
Sáurez indicó que este proyecto fue planteado ante la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para ver si es posible atenderlo con ese dinero del canon que paga la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). Por ahora, funcionarios del CTP de Batán desconocen si la propuesta fue aceptada.
“Esto es en todo el país. No he escuchado al gobierno inaugurando colegios ni escuelas. Aquí ni siquiera contamos con gimnasio para que los muchachos puedan realizar ejercicios”, lamentó Álvarez.
Otras órdenes sanitarias
Los datos más actuales de la DIE brindados por su directora, dicen que de las 881 órdenes sanitarias hay 589 amarillas, lo que quiere decir que tienen daños fuertes y algún cierre parcial del comedor, baños, aulas, un pabellón, entre otras.
Además, hay 161 órdenes verdes que no tienen ningún espacio cerrado, generalmente, asegura, están relacionadas con la creación de una rampa para cumplir con la Ley 7600, reparar canoas o el sistema eléctrico.
Sáurez comentó que han estado moviendo la “plata vieja” que está en Caja Única del Estado desde hace más de una década para atender las situaciones de los diferentes centros educativos, eso sí, el dinero no siempre es suficiente.
Citó el caso del Liceo Barra del Tortuguero que tiene en Caja Única del Estado ¢253 millones y que requiere ¢1.100 millones para la construcción. Aseguró que en el 2025 les darán los ¢847 millones que les hacen falta. Este dinero provendría del presupuesto ordinario 2025, dijo.
‘Oportunidades de mejora’ en la DIE
La directora de la DIE reconoció que desde que se gira la orden sanitaria hasta que se atiende, el proceso es lento en algunos casos, unos mucho más que otros. En ese sentido, dijo, “siempre hay oportunidades de mejora”.
“Hemos trabajado a lo interno de la DIE para mejorar los procesos. Cuando asumimos encontramos muchas cosas muy interesantes, hemos intentado mejorarlo, hacer más cortos los procesos, hacer las cosas más expeditas. Pero sí llega un momento en el que no podemos brincarnos los tiempos de la ley del proceso de contratación. No podemos contar con esa rapidez que quisiéramos por tener que respetar las juntas de educación”, expresó.
Para ella, la oportunidad de mejora de la DIE no está en la etapa constructiva, sino en la fase de diseño, porque participan empresas y esto implica un “va y viene”. Reiteró, además, que los profesionales de la dirección “están saturados”.
“Tenemos 1.315 proyectos activos. Es complicado. Todos los días la gente quiere que se les atienda ya. Es parte de lo que trabajamos en organizar”, concluyó Sáurez. Eso sí, señaló, en la DIE había “mucha falta de planificación”.