La máxima autoridad constitucional del país estimó que el artículo 1 de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos a los que los expone el uso de las redes sociales “supone una vulneración que no es adecuada, necesaria ni proporcionada” a la libertad de expresión y de comunicación de los menores de 15 años.
La institución había sido consultada a finales de julio por diputados socialistas y de la izquierda radical sobre el artículo 1.
Si bien el Consejo reconoce “la exigencia constitucional de protección del interés superior del niño”, señala que esta prohibición tan amplia “es susceptible de aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores (...) no están establecidos”.
La ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, contempla dejar a los más jóvenes fuera de las redes sociales (TikTok, Snapchat, X, Instagram...), pero también evitar que puedan utilizar espacios de comunicación de algunas páginas web como YouTube; servicios de mensajería como WhatsApp y Messenger y algunos videojuegos en línea.
Aunque la ley preveía excepciones, en particular para las enciclopedias en línea y sitios educativos o científicos, estas siguen siendo demasiado “limitadas”, advierte el Consejo Constitucional.
Poco después, el presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, “trabajar” en “una redacción jurídicamente sólida” del texto “en el menor plazo posible”, teniendo “en cuenta la decisión del Consejo Constitucional”.
La Presidencia francesa destacó que su compromiso para sacar adelante esa ley “de aquí a la primavera [boreal] de 2027 sigue siendo total”.
La ley francesa se inscribe en un movimiento mundial y el país fue pionero en Europa en hacerlo.
A finales de 2025, Australia se convirtió en el primer Estado en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.
Desde entonces, numerosos países han adoptado o han anunciado que estudian prohibiciones similares, como Brasil, Indonesia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Por su parte, la Comisión Europea anunció en julio su intención de instaurar un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las redes sociales.
El Consejo Constitucional se pronunció únicamente sobre el artículo 1, y no sobre la prohibición del celular en los centros de secundaria a partir del 1 de septiembre, una medida que también incluye esa ley.
