Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió funciones temporalmente y adelanta cambios profundos en el manejo estatal de los recursos naturales impuesto por el chavismo.
Rodríguez promulgó en abril una nueva ley de minas que abre la puerta a inversores extranjeros, tras tomar la misma medida con la industria petrolera bajo la presión de Estados Unidos.
La Corporación Venezolana de Minería y Heeney Capital, una firma de capital privado con sede en Nueva York, suscribieron “un memorando de entendimiento en materia de minería” ante funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas, mostraron imágenes transmitidas por la televisora estatal VTV.
En el acto estuvo presente James Gilbert, director general de inversiones en Mercuria, una multinacional suiza de comercio de materias primas con sede en las Islas Caimán.
En su sitio web oficial, Mercuria informó haber asegurado, en asociación con Heeney Capital, una serie de acuerdos estratégicos de offtake en el ámbito de materias primas a granel y proyectos auríferos en Venezuela.
Se trata de contratos vinculantes a largo plazo, firmados antes de iniciar un proyecto, que aseguran la adquisición de una parte significativa de la producción futura a un precio pactado.
Se espera que los acuerdos de Mercuria, respaldados por compromisos de inversión asociados, generen aproximadamente 2.200 millones de dólares en valor anual de exportación de minerales, según su página web.
Conocido por sus enormes yacimientos de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o el coltán.
La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero, considerada una zona peligrosa donde opera el crimen organizado.
Grupos armados manejan zonas mineras con la supuesta complicidad de autoridades, de acuerdo con varias investigaciones.
