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Caracas, Venezuela. El Parlamento de Venezuela avanzó el martes en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, en medio de una investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa sigue al anuncio de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina en Caracas por falta de un “progreso real” en el caso.
La CPI abrió una investigación por el trato de las autoridades durante las protestas de 2017, que dejaron unos 200 muertos.
“Esta corte no va a suplantar a la legislación venezolana porque este es un país libre, soberano e independiente”, dijo el diputado oficialista Roy Daza al presentar el proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la primera de las dos discusiones reglamentarias.
“Es una decisión clave en un momento donde todas las instituciones de Venezuela tienen que actuar en unidad”, siguió Daza. “Se trata de la defensa de la soberanía, de la defensa de la nación y de la defensa de la justicia”.
Venezuela suscribió el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó en ley en 2000. La revocatoria de esta ley no se traduce inmediatamente en la denuncia del tratado internacional.
El gobierno debe notificar por escrito su decisión al secretario general de Naciones Unidas y la denuncia solo entra en vigor un año después.
