La “ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales” se propuso poco después de la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.
Otro fue incautado el 10 de diciembre y una persecución a un tercero se produjo el domingo, sin que se conocieran más detalles.
Maduro ha tachado estas acciones de “piratería naval criminal” e insiste en que el objetivo último de Washington es derrocarlo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, le instó a dimitir.
Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.
La nueva ley contempla que “toda conducta o actuación que ejecutar, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecte la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años”.
Incluye multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes.
Leyes similares ya castigan igualmente con cárcel y multas a quien favorezca, por ejemplo, las sanciones internacionales contra el gobierno, como la nobel de la paz María Corina Machado, quien se ha pronunciado además a favor de la estrategia de Trump en el Caribe.
El proyecto incluye “incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otro índole” para los operadores comerciales y ofrece asesoría legal del Estado.
Venezuela produce al día alrededor de un millón de barriles de petróleo. Está bajo embargo desde 2019 por lo que destina buena parte de sus ventas al mercado negro con grandes descuentos.
