Una corte federal de Estados Unidos suspendió la deportación de más de 600 menores guatemaltecos no acompañados por adultos, en un nuevo golpe a la draconiana política antiinmigratoria del presidente Donald Trump.
Estos cientos de niños que viven en Estados Unidos iban a ser devueltos a su país natal en virtud de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, según un documento judicial.
Pero una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia impidió temporalmente la deportación, tras una demanda presentada esta mañana por el National Immigration Law Center (NILC), un grupo de defensa de los inmigrantes.
En su decisión de 25 páginas, la magistrada suspendió “durante 14 días el traslado, la repatriación, la reubicación y el transporte” de estos menores, representados por el NILC en una demanda colectiva civil contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La oenegé acusó a la administración Trump, que lleva siete meses implementando su agenda antiinmigratoria, de “arrancar a niños vulnerables y asustados de sus camas y tratar de ponerlos de nuevo en peligro” al enviarlos de regreso a la nación centroamericana.
“Nos reconforta que el Tribunal haya evitado esta injusticia antes de que cientos de niños sufrieran daños irreparables”, declaró Efrén Olivares, vicepresidente del NILC, en un comunicado.
Según la demanda, si son deportados, los niños guatemaltecos corren el riesgo de “exponerse a numerosos peligros al regresar a un país donde temen ser perseguidos”.
Los niños migrantes sin un padre o tutor legal en Estados se encuentran en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia gubernamental.
El NILC remarcó que, según la ley federal, el gobierno debe permitirles acceso a asistencia legal y no someterlos a deportación acelerada, “excepto en circunstancias limitadas, que no se aplican a los menores guatemaltecos”.
También advirtió que la mayoría de los menores guatemaltecos bajo custodia de autoridades en Estados Unidos son indígenas, y muchos no hablan ni inglés ni español, lo cual aumenta su “vulnerabilidad a ser engañados por funcionarios que buscan deportarlos”.
La decisión del tribunal federal de Washington, aunque provisional y sujeta a apelación, supone un nuevo revés legal para la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración.
El viernes por la noche, otro juez federal bloqueó el proceso de “deportación acelerada” para los extranjeros indocumentados arrestados recientemente en la frontera con México.
Este proceso, sin comparecencia ante el tribunal, viola una disposición constitucional que establece que “ninguna persona será deportada de Estados Unidos sin tener la oportunidad, en algún momento, de ser escuchada”.
