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Buenos Aires. EFE. En medio de una tormenta judicial y política, un fallo de la Corte Suprema abrió las puertas a la interrupción legal del embarazo en varios hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, donde esta semana se negó el derecho a abortar a una mujer que había sido secuestrada y violada.
Fuentes del Gobierno de Buenos Aires, encabezado por el conservador Mauricio Macri, confirmaron que se habilitaron cinco hospitales públicos para la práctica de abortos en los términos ajustados a la ley, tras conocer la decisión de la Corte Suprema, que anteayer instó al Ejecutivo porteño a permitir abortar a la joven que fue víctima de violación.
“Se hizo justicia, primó el sentido común”, dijo Pablo Vicente, abogado de la mujer de 32 años que pidió detener su embarazo tras haber sido secuestrada por una red de tráfico de personas y violada.
Así, el Supremo dejó así sin efecto una resolución judicial que el martes impidió abortar a la mujer, que ya estaba ingresada en un hospital de la ciudad para someterse a la intervención.
“Tuvimos que esperar esta instancia en la que se ha revictimizado a esta persona”, manifestó Vicente al celebrar el fallo.
La mujer iba a someterse a un aborto en un hospital público bajo el nuevo protocolo para abortos no punibles aprobado por la legislatura porteña, pero la Asociación Pro Vida presentó una medida cautelar, que fue aceptada por una jueza de primera instancia y suspendió la intervención.
En declaraciones al portal Infobae, el abogado de la mujer dijo que la decisión adoptada por la Corte “ha sido un triunfo de todas las mujeres porque es un precedente para todas aquellas que quieren interrumpir un embarazo producto de una violación sin que exista una aventura como Pro Vida”.
