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El Tribunal Supremo español anuló este martes la decisión judicial de liberar a un exjefe de ETA y a otro miembro de la organización armada independentista, rechazando un cómputo de penas cumplidas por presos en otro país europeo, informó una fuente judicial.
Tres magistrados de la Audiencia Nacional española, especializada en casos de terrorismo, habían considerado el 4 de diciembre que Santiago Arrospide, alias Santi Potros, considerado como exjefe del aparato militar del grupo, y otro miembro de ETA , Alberto Plazaola, debían ser liberados.
Habían decidido descontar el tiempo que pasaron en prisión en Francia de su cálculo de 30 años máximos de reclusión, basándose en las recomendaciones de la Unión Europea para contabilizar las penas cumplidas en otros Estados miembros.
Pero la fiscalía recurrió la decisión y el Tribunal Supremo le dio la razón este martes, según la fuente judicial.
La fiscalía estimaba que “no existe base legal para pretender que una pena impuesta en otro país miembro de la UE pueda ser valorada en España a efectos de acumulación o refundición de condenas”.
Arrospide estaba ya en prisión provisional por otro caso, pero Plazaola, actualmente en libertad, tendría que volver a ser detenido. Plazaola había sido detenido en 1990 en Francia y extraditado a España en 1996 tras cumplir una pena de siete años en prisión.
Liberado en diciembre para indignación de las asociaciones de víctimas, Santi Potros fue detenido de nuevo el 19 de enero, esta vez por presunta implicación en un atentado cometido en 1987 que causó un muerto.
El exjefe militar de ETA ya había sido condenado por su participación en el atentado más sangriento de la organización, en un supermercado Hipercor de Barcelona, que causó 21 muertos el 19 de junio de 1987.
Detenido ese mismo año en Francia, había sido extraditado a España en el año 2000. Sin tener en cuenta el tiempo que pasó encarcelado en Francia, debería permanecer en prisión hasta 2030.
España ya tuvo que liberar a decenas de miembros de ETA en 2013 y 2014, a raíz de la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos de anular la aplicación de un sistema de cálculo que le permitía mantener más tiempo en reclusión a ciertos detenidos.
Considerada responsable de 829 muertes en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, ETA declaró “el cese definitivo de su actividad armada” el 20 de octubre de 2011, pero sin disolverse ni entregar las armas.
