El argumento de Arizabaleta, que además de haber sido elegida por el Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, es la exesposa de Roy Barreras, uno de los alfiles más cercanos al primer mandatario y ahora en campaña por Iván Cepeda, fue la clara violación de las normas que le prohíben al jefe de Estado participar en política. Esa célula legislativa, la única con facultad para investigar al Presidente, lleva decenas de casos contra Petro en los últimos cuatro años, sin mayores avances a pesar de que sobre la mesa hay, además de la abierta intervención en campaña, temas sobre los que otras instituciones ya tomaron decisiones, como el de la violación de topes electorales en la campaña del 2022, ya fallada por el Consejo Nacional Electoral.
Arizabaleta, hasta hace poco muy cercana a la Casa de Nariño y quien precisamente había sido cuestionada por la falta de gestión en los casos contra Petro, sorprendió no solo porque en toda la historia de la Comisión de Acusación nunca se había planteado la suspensión cautelar de un presidente en ejercicio sino porque pretendió dar ese paso sin el estricto rito procesal exigido por el fuero del mandatario. Tanto la Constitución como la ley señalan que una decisión de tal calado institucional solo la podría tomar la plenaria del Senado, y esto después de un proceso investigativo en la Comisión de Acusación avalado por su mayoría y, después, presentado y aprobado por la mayoría de representantes.
Arizabaleta, sin embargo, según el texto radicado a primera hora, pretendía saltarse todo ese procedimiento. Pero cinco horas después rectificó y radicó una adición al auto, en la cual aceptó que necesitaba, de entrada, la aprobación del pleno de la Comisión y cambió el tono. Ya no ordenaba la suspensión, sino que solicitaba a la Comisión de Acusación avalar su proyecto de decisión.
Tanto el Gobierno como el Senado, más allá de las diferencias que han tenido, cerraron filas en contra de la inédita pretensión. “En derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Por lo tanto, la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos por la voluntad de una sola representante”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. El presidente Petro, quien se encuentra en Nueva York, también se quejó de una violación de su fuero y habló de un supuesto intento de extorsión política (ver notas anexas). Mientras que el presidente del Congreso, el liberal Lidio García, hizo un duro llamado a no hacer política con las facultades judiciales: “No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional”.
Y agregó: “La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al Presidente de la República. Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara, según lo previsto en la Constitución. Cualquier suspensión o sanción únicamente puede provenir de un juicio político ante el Senado, una vez la Cámara en pleno haya formulado acusación, conforme a los artículos 174 y 175 de la Constitución”, aseveró García.
Bajo este escenario y con los apretados tiempos del Congreso, es poco probable que esto prospere. Además, Petro tiene mayorías en la Comisión y voces independientes le confirmaron a EL TIEMPO que no acompañarán la medida si alcanza a ser puesta a consideración, por su clara inconveniencia institucional y su uso político en el momento más álgido de la campaña presidencial.
“Perdonen la expresión, hermanos del Perú, país que tanto respetamos desde toda perspectiva, pero quedaríamos, bajo ese escenario, expuestos a tener continuamente presidentes que puedan ser suspendidos por causas importantes o por causas menores”, advirtió Hernando Herrera, analista y director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
“La suspensión del Presidente de la República mediante medida cautelar emitida por la Comisión de Acusaciones es inconstitucional y viola, incluso, garantías rectoras del Derecho Internacional Público. La institucionalidad se protege respetando la Constitución, no vulnerándola”, aseguró, por su parte, el constitucionalista J. Mauricio Gaona.
La intención de Arizabaleta terminó siendo un globo político que, en todo caso, fue leído por la oposición como una posible jugada política para que el presidente Petro pudiera seguir haciendo campaña en favor de la candidatura de Cepeda, pero ya de manera abierta, para tratar de revertir la derrota en primera vuelta ante Abelardo de la Espriella.
El candidato de Defensores de la Patria aseguró: “Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a eso. La Cámara no tiene ninguna competencia legal para suspender al Presidente. Es un entuerto jurídico cocinado en las entrañas del Gobierno”. Por su lado, la senadora Paloma Valencia señaló que la “suspensión de Petro es un autoatentado legislativo. Lo he venido advirtiendo, Petro se quiere robar las elecciones. ¡No lo vamos a permitir!”.
“Mucho ruido y mucho humo, pero la pregunta es: ¿a quien beneficia esto?”, cuestionó la senadora Paloma Valencia. El candidato Cepeda, por su parte, guarda silencio.
El abogado y exministro Luis Felipe Henao presentó una denuncia por prevaricato por acción contra Arizabaleta al considerar que la medida cautelar que ordenó contra el jefe de Estado es “abiertamente contraria a la Constitución y a la ley”.
Fuentes del Pacto consultadas por este diario aseguran que hoy Arizabaleta está distanciada y que esta movida no tendría fines de beneficiar la campaña de Cepeda, pero desde la campaña de Abelardo de la Espriella consideran lo contrario.
