Los tuits que ha hecho Gustavo Petro serían una de las razones principales que aduce la congresista para tomar la decisión. (RAUL ARBOLEDA/AFP)
Una decisión sin precedentes en la recta final de la campaña presidencial colombiana abrió este miércoles un fuerte debate jurídico y político.
La congresista oficialista Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro hasta la conclusión de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 21 de junio.
La medida se fundamenta en una investigación por presunta participación indebida en política, relacionada con publicaciones realizadas por el mandatario en la red social X durante los últimos días.
La resolución establece que Petro debería permanecer apartado de sus funciones hasta el cierre de las urnas en la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán el opositor Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo.
En dos semanas será la segunda ronda electoral en Colombia. (LUIS ACOSTA/AFP)
Sin embargo, la decisión fue inmediatamente cuestionada por miembros del Gobierno y congresistas, quienes sostienen que una representante individual no tiene competencia para suspender al jefe de Estado.
Según detalló El País, el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la medida de inconstitucional y recordó que la Constitución colombiana reserva esa facultad al Senado, una vez cumplidos una serie de procedimientos que incluyen una acusación formal por parte de la Cámara de Representantes.
Las críticas también provinieron desde el propio oficialismo. Alejandro Ocampo, integrante de la misma comisión que adelanta la investigación, señaló que una determinación de esa magnitud debe adoptarse siguiendo los procedimientos constitucionales y no puede ser tomada de manera unilateral por un investigador.
Incluso Roy Barreras, expresidente del Congreso y exesposo de Arizabaleta, rechazó públicamente la resolución y aseguró que la Comisión de Acusaciones carece de atribuciones para ordenar la suspensión de un presidente en ejercicio.
En el documento, Arizabaleta reconoce que existe una tensión entre la medida adoptada y las disposiciones constitucionales que regulan el fuero presidencial. No obstante, argumenta que la suspensión preventiva encuentra sustento en normas disciplinarias que buscan evitar la eventual repetición de la conducta investigada durante el proceso electoral.
El tema ahora se trasladará al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), según reportan medios como El País y El Tiempo.
La decisión llega a menos de dos semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país.
