San José. Amnistía Internacional (AI) advirtió este martes que nadie está a salvo en Nicaragua ante el “modelo represivo” impuesto por el gobierno de Daniel Ortega. La organización calificó la situación como una amenaza sin precedentes para los derechos humanos.
“La represión en Nicaragua no deja a nadie a salvo”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
Líderes indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona considerada un riesgo para el gobierno enfrenta cárcel, exilio o desaparición. Las autoridades mantienen un clima de miedo en el que disentir se castiga de forma severa, denunció la organización.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, persiguió a opositores. Ortega considera las manifestaciones como un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos.
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AI denunció que cientos de personas han sido encarceladas injustamente y miles forzadas a abandonar el país. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) registra al menos 300 fallecidos en las protestas.
La organización humanitaria pidió al gobierno detener las prácticas represivas, garantizar los derechos humanos y cesar la criminalización de la disidencia.
Recientemente, el Colectivo Nicaragua Nunca Más reportó más de 2.000 detenciones arbitrarias y al menos 229 casos de tortura desde 2018.
Amnistía Internacional declaró al líder indígena miskito Brooklyn Rivera como “preso de conciencia”. La organización exigió su liberación junto a la de otros detenidos políticos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua reporta 45 personas detenidas actualmente por causas políticas.
Desde febrero de 2023, el gobierno de Ortega despojó de la nacionalidad a 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas y religiosos exiliados. Ortega impuso una reforma constitucional en noviembre que establece la pérdida de nacionalidad para los acusados de “traición a la patria”.
Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a no permanecer indiferente ante la crisis en Nicaragua. También exigió el fin de las privaciones arbitrarias de nacionalidad y la restitución plena de los derechos de las personas afectadas.
