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Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para tomar medidas enérgicas contra las “ciudades santuario” que desafían sus estrictas políticas de inmigración, cuando se acerca a sus primeros 100 días en el cargo.
El mandatario republicano asegura que hizo grandes avances para cumplir sus promesas electorales de frenar los cruces ilegales de la frontera desde México, que se dispararon a niveles récord durante el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden.
La orden ejecutiva del lunes apunta a las llamadas “ciudades santuario”, que prohíben a sus funcionarios cooperar con los agentes federales en la identificación y expulsión de inmigrantes en situación irregular.
Trump, que esta semana prevé enfatizar lo que considera sus logros en economía, política exterior, eficiencia gubernamental y migración desde su regreso a la Casa Blanca, ha visto bajar su popularidad desde su investidura en enero.
Más del 40% de los estadounidenses dice que “desaprueba fuertemente” sus acciones, según una encuesta de opinión del Washington Post-ABC.
La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, destacó el lunes una disminución de 95% en la interceptación de migrantes indocumentados en la frontera con México, de 140.000 a 7.000, en los 12 meses desde marzo de 2024, cuando Biden todavía estaba en el cargo.
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“Las fronteras de Estados Unidos ahora están seguras gracias al presidente Trump. Ha restaurado el Estado de derecho, ha aplicado nuestras leyes migratorias y ha defendido la soberanía de Estados Unidos”, afirmó la portavoz.
La retórica de campaña electoral de Trump sobre enfrentarse a las supuestas hordas de violadores y asesinos resonó entre los votantes estadounidenses preocupados por la inmigración ilegal.
Carteles en la Casa Blanca
La orden ejecutiva del lunes instruye al funcionarios del gobierno a publicar dentro de 30 días qué estados y autoridades locales “obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración federales”, con la advertencia de que los que estén incluidos en esa lista peligran el acceso a ciertos fondos gubernamentales.
Los alcaldes de cuatro de las “ciudades santuario” –Boston, Chicago, Denver y Nueva York- fueron cuestionados sobre sus políticas de inmigración durante una audiencia tensa en el Congreso en marzo.
Los tribunales han confirmado la legalidad de las leyes santuario, y un juez estadounidense dictaminó la semana pasada que la administración de Trump no puede retener fondos federales de las autoridades por el hecho de dar algún tipo de protección a los inmigrantes en situación irregular.
Símbolo de la política migratoria de Trump, en el césped de la Casa Blanca se veían este lunes pancartas con fotos de inmigrantes tomadas por la policía.
La palabra “arrestado” estaba impresa en letras mayúsculas sobre cada imagen y, abajo, el delito del que habían sido acusados, desde “asesinato en primer grado” y “abuso sexual de menores” hasta “distribución de fentanilo.”
Un comunicado de prensa de la Casa Blanca incluyó un listado de 100 personas definidas como los “peores de los peores inmigrantes ilegales criminales” detenidos desde que Trump asumió el cargo.
Mientras tanto, los republicanos en la Cámara de Representantes publicaron un proyecto de ley que otorga a Trump poderes para imponer una serie de cargos onerosos relacionados con la inmigración, incluido un mínimo de 1.000 dólares para solicitudes de asilo.
En su cruzada antiinmigración, Trump también envió tropas a la frontera con México y designó a pandillas latinoamericanas como el Tren de Aragua y la MS-13 como grupos terroristas.
Eso le valió enfrentamientos con jueces, opositores demócratas y grupos de defensa de los derechos humanos, que afirman que ha ignorado la Constitución al apresurarse a deportar migrantes, a veces sin la oportunidad de una audiencia.
Tom Homan, a quien Trump encargó orquestar una política de deportaciones a gran escala, aseguró el lunes a periodistas que Estados Unidos tiene “la frontera más segura en la historia”.
Las tasas de deportación, sin embargo, han sido menores que en la era Biden, a pesar de las promesas de Trump de realizar una campaña de expulsiones masivas.
El gobierno no ha publicado datos completos, pero el Instituto de Política Migratoria dijo que parecía estar en camino de deportar medio millón de personas este año, menos de las 685.000 registradas en el año fiscal 2024 durante la administración Biden.
Homan argumentó que las comparaciones eran falsas, ya que los números de deportación de Biden incluían a aquellos expulsados en la frontera, y la mayoría de esas personas ahora son detenidas antes de entrar.
