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Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes estudiar la constitucionalidad de una ley que prohíbe poseer armas a los consumidores habituales de drogas ilegales, un tema delicado para la sociedad estadounidense.
Aunque la administración Trump se erige como defensora de la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, es ella misma la que solicita a los nueve jueces del Tribunal, de mayoría conservadora, que confirmen esta ley, invalidada por un tribunal de apelaciones.
Se trata, además, de la ley en virtud de la cual Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, fue condenado en junio de 2024 por posesión ilegal de armas de fuego.
Hunter Biden fue declarado culpable de mentir al rellenar los formularios para la adquisición de un arma en 2018, en los que negaba su adicción a las drogas. Joe Biden lo indultó en diciembre de 2024.
“Las restricciones injustificables al derecho a poseer y portar armas representan una grave amenaza para las libertades más preciadas por los estadounidenses”, escribió el asesor jurídico del Gobierno, John Sauer, en su recurso ante la Corte Suprema.
“Sin embargo, hay circunstancias excepcionales en las que el gobierno puede limitar legítimamente este derecho”, añadió, considerando que la ley en cuestión es una de esas excepciones.
Los consumidores habituales de drogas ilegales “representan un peligro especial para la sociedad, sobre todo porque suponen un grave riesgo de enfrentamiento armado y hostil con la policía cuando están bajo los efectos de las drogas”, argumentó.
Se trata del segundo caso relacionado con el derecho a portar armas incluido en el programa del Tribunal Supremo, junto con otro sobre la regulación del porte de armas ocultas en determinados “lugares sensibles” como playas, parques públicos o bares.
Aún no se fijó una fecha para los debates sobre estos dos casos, pero la Corte deberá pronunciarse antes de que finalice su sesión anual, a finales de junio.
En junio de 2022, la Corte Suprema proclamó el derecho de los ciudadanos a portar armas fuera de sus hogares, y explicó que solo permitiría excepciones “razonables” a la Segunda Enmienda, sobre todo en “lugares sensibles”.
