Seúl. El partido gobernante en Corea del Sur manifestó el jueves su rechazo al proceso de destitución contra el presidente Yoon Suk Yeol. La polémica surgió tras la breve imposición de una ley marcial, por la cual se investiga al mandatario por “insurrección”.
Esta medida, inédita desde la instauración de la democracia en 1987, duró apenas unas horas. El Parlamento votó en su contra, pero el episodio generó una tormenta política que pone en peligro el futuro del impopular mandatario conservador.
En una situación de alta tensión política, Yoon también enfrenta una investigación policial a raíz de la denuncia presentada por la oposición. Se le acusa de “insurrección”, un delito que trasciende la inmunidad presidencial y puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.
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La maniobra de Yoon provocó indignación tanto entre sus aliados internacionales como en la población surcoreana y las filas opositoras. Estas presentaron rápidamente una moción de destitución acusándolo de “vulnerar gravemente la Constitución y la ley”.
La votación para decidir sobre esta moción está programada para el sábado a las 7 p. m. locales. Aunque la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional, necesita al menos ocho votos adicionales del partido gobernante, el Partido del Poder Popular (PPP), para alcanzar los dos tercios necesarios.
El dirigente del PPP, Han Dong-hoon, aseguró que trabajará para evitar la aprobación de la moción de destitución. Sin embargo, destacó que esto no implica apoyar la “inconstitucional ley marcial del presidente”. Agregó que Yoon debería abandonar el partido para evitar más conflictos internos.
Choo Kyung-ho, líder parlamentario del PPP, reforzó esta posición al afirmar que los 108 diputados de su bancada “permanecerán unidos para rechazar la destitución del presidente”.
Si la moción se aprueba, el presidente quedaría automáticamente suspendido de sus funciones. En ese escenario, el primer ministro asumiría la presidencia temporalmente mientras la Corte Constitucional emite un fallo definitivo en un plazo de 180 días. Si el fallo confirma la destitución, se convocarían elecciones presidenciales en un máximo de 60 días.
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Dimisión del ministro de Defensa
Desde que asumió la presidencia en 2022, Yoon enfrentó una serie de crisis que erosionó su popularidad. En la noche del martes, tras semanas de enfrentamientos presupuestarios con la mayoría opositora en el Parlamento, Yoon impuso la ley marcial. Justificó esta medida señalando supuestas amenazas de “las fuerzas comunistas de Corea del Norte” y de “elementos antiestatales” dentro del país.
Durante el breve período de ley marcial, el orden civil fue suspendido. Un decreto emitido por el jefe de las fuerzas armadas prohibió actividades y partidos políticos, así como la “falsa propaganda”, las huelgas y las “concentraciones que inciten a la agitación social”.
En cuestión de horas, las fuerzas de seguridad militarizaron la Asamblea Nacional. Helicópteros aterrizaron en su techo y aproximadamente 300 soldados intentaron sellar el recinto. Mientras tanto, el personal parlamentario bloqueaba las entradas utilizando sofás y extinguidores.
A pesar de estas restricciones, los diputados opositores lograron acceder al recinto y votaron en contra de la ley marcial, obligando constitucionalmente a Yoon a derogarla.
Para alivio de los aliados internacionales de Corea del Sur, como Estados Unidos, Yoon apareció en televisión durante la madrugada para anunciar el repliegue de las tropas y el levantamiento de la medida.
Sin embargo, el escándalo ya había dejado sus primeras consecuencias. El jueves, el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente, según informó su oficina.
‘Crimen imperdonable’
El Partido Demócrata, principal opositor, presentó una denuncia formal contra Yoon. La acusación también incluyó a varios de sus ministros y a altos mandos militares y policiales.
“Esto es un crimen imperdonable, uno que no puede, no debería y no será disculpado”, afirmó el parlamentario Kim Seung-won en declaraciones a la prensa.
Tras horas de incertidumbre y tensión, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, expresó su respaldo a la “sólida y resistente democracia surcoreana”. También subrayó la importancia de preservar esta estabilidad en medio de la crisis.
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Estados Unidos mantiene 28.500 tropas en Corea del Sur, un aliado estratégico clave en Asia desde la Guerra de Corea (1950-1953). Este conflicto dividió la península entre un régimen comunista en el norte y uno capitalista en el sur.
Técnicamente, las dos Coreas permanecen en estado de guerra, ya que el conflicto terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz. Las relaciones, ya tensas, entre ambas naciones se han deteriorado significativamente durante el mandato de Yoon, agravando la situación en la región.
