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San José, Costa Rica. Miles de nicaragüenses participaron este viernes en las celebraciones de Semana Santa limitadas a los atrios o interior de las iglesias, ante la prohibición gubernamental de procesiones en las calles, criticada por Estados Unidos como una seria violación a la libertad religiosa.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobierna Nicaragua con poder absoluto, no autoriza ninguna manifestación pública en el país, incluidas las religiosas, desde hace cuatro años.
Feligreses que asistieron en Managua a la celebración religiosa aseguraron a la AFP vía telefónica que el viacrucis fue realizado en los jardines, en una plaza entre los muros de la catedral, y bajo vigilancia policial.
Tras el viacrucis, el cardenal Leopoldo Brenes, que nunca se refiere al gobierno ni a las restricciones religiosas, calculó que en la plaza de la catedral se reunieron más de 25.000 personas, según declaraciones a medios oficialistas.
El pasado martes, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, aseguró en la red social X que “la dictadura Ortega-Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe”.
Al responderle el miércoles en un comunicado, el gobierno de Ortega y Murillo dijo rechazar “categóricamente las acusaciones perversas” y “falsas” de Washington.
Este viernes, Murillo afirmó que el “despliegue” de fieles en las iglesias contradice a los que “tergiversan” y criticó a los religiosos “que se dicen pastores”, pero de “sus almas o de su boca” salen “sapos y culebras”.
La abogada y experta nicaragüense en asuntos eclesiásticos Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, calculó en más de 400 las “parroquias confinadas” y otras cientos de capillas.
Ortega y Murillo acusan a la Iglesia católica de haber apoyado las protestas en su contra de 2018, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.
La represión dejó más de 300 muertos, según la ONU, y partieron al exilio cientos de miles de nicaragüenses, entre ellos cientos de políticos, intelectuales, estudiantes, líderes sociales y periodistas, a los que el gobierno despojó de su nacionalidad y de sus propiedades.
En los últimos ocho años, el gobierno izquierdista ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, entre ellos al presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera, en 2024.
