EscucharMiami. Al menos seis periodistas encarcelados por el régimen de Daniel Ortega se encuentran con un grave deterioro de salud, luego de meses de estar en cárceles de Nicaragua en condiciones de tortura, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de un comunicado.
La SIP advirtió esta semana que estos seis periodistas están condenados a penas de hasta 13 años de prisión tras enfrentar “juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes”. Ante esta situación, la organización urgió que se libere a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y Cristiana Chamorro “por tratarse de presos de conciencia”.
También solicitaron a la comunidad internacional que “cierre filas” a estos casos de violación de derechos humanos y de estándares en el tratamiento de prisioneros. “Los hacemos responsables ante la comunidad internacional por lo que les pudiera suceder, tanto a ellos como al resto de los presos políticos”, indicaron el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet.
El régimen de Ortega arreció sus ataques a la prensa en 2021, en un cálculo para mantenerse en el poder y atacar abiertamente a los opositores, a quienes acusa de conspirar contra su gobierno con el apoyo de Estados Unidos.
A la fecha, se calcula que hay más de 170 presos políticos, entre ellos todos los aspirantes presidenciales del 2021. Ortega se declaró ganador con más del 75 % de los votos, en una elección con más del 80% de abstención.
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¿Quiénes son los detenidos?
Miguel Mora: Periodista de 56 años, sentenciado por “menoscabo a la integridad nacional”. Según informó la SIP, se encuentra preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, en referencia a una infame cárcel nicaragüense y donde se han denunciado torturas, abusos, trato denigrante y otras violaciones a los derechos humanos.
Está encarcelado desde el 20 de junio del 2021 y debe descontar 13 años de prisión. Ha perdido más de 30 libras de peso y, según diversas fuentes, se le niega el derecho a comunicarse con su hijo y a acceder a una Biblia.
Miguel Mendoza: Tiene 51 años y fue encarcelado por “menoscabo a la soberanía nacional”. Fue detenido el 21 de junio del 2021 y está preso en el nuevo Chipote. Comparte celda en “condiciones deplorables”, con paredes enmohecidas, sin ventanas, y le mantienen la luz encendida las 24 horas.
Solo se le permite salir al patio una vez a la semana y además de haber perdido “mucho peso”, le niegan el derecho a comunicarse con su hija y a acceder a una Biblia. Su sentencia es de nueve años.
Jaime Arellano: Con 61 años se le acusó por conspiración para cometer menoscabo y propagación de “noticias falsas”. Cumple su sentencia de 13 años en arresto domiciliario desde el 24 de junio del 2021, cuando fue detenido. Padece problemas de obesidad, circulación y presión alta.
Cristiana Chamorro: La exaspirante presidencial de 67 años fue condenada por “gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, así como lavado de dinero, bienes y activos”. Cumple su sentencia de ocho años en arresto domiciliario, pero está en completa incomunicación y restricción absoluta desde el 2 de junio del 2021, cuando fue detenida.
Pedro Joaquín Chamorro: Este político de 70 años se encuentra en prisión por “gestión abusiva, apropiación y retención indebida”. Desde su detención, el 25 de junio del 2021 y hasta el 1.° de mayo del 2022 estuvo encarcelado en el nuevo Chipote.
Debido al deterioro de su salud, se dispuso el cumplimiento de su condena de nueve años de cárcel en arresto domiciliario. Perdió más de 30 libras y presenta problemas en los oídos.
Juan Lorenzo Holmann: Este hombre de 55 años fue sentenciado por “lavado de dinero, bienes o activos” y está preso en el nuevo Chipote. Tras ser detenido el 14 de agosto del 2021, se le impidió la visita de su abogado y las audiencias en su contra se realizaron de forma secreta.
Padece de hipertensión, tiene problemas de visión y tuvo una operación del corazón el año pasado, cuyo estado no ha sido revisado de forma periódica debido al encarcelamiento. Su pena es de nueve años.
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