Política

Plan de Biden para el cambio climático y la salud es aprobado en el Senado de Estados Unidos

La iniciativa, bautizada ‘Ley de Reducción de la Inflación’, incluye créditos fiscales de hasta $7.500 para cada estadounidense que compre un vehículo eléctrico

Washington. Tras 18 meses de negociaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó este domingo un ambicioso plan de Joe Biden para el clima y la salud, ofreciendo una significativa victoria al presidente, a menos de 100 días de cruciales elecciones.

Solo con sus votos, los demócratas adoptaron este programa de $430.000 millones en inversiones, que retornará a la Cámara de Representantes para una votación final, antes de ser promulgado por Biden. El presidente celebró decisión, reconociendo que no todos están contentos con el resultado final.

“Ha requerido muchos acuerdos”, dijo Biden en un comunicado. “La Cámara de Representantes debería aprobarla lo antes posible y estoy deseando firmarla para que se convierta en ley”, añadió.

Producto de dificultosos compromisos con el ala derecha del Partido Demócrata, la iniciativa, bautizada “Ley de Reducción de la Inflación”, incluye $370.000 millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%.

Con esta reforma, cada estadounidense recibirá hasta $7.500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico. Además, la instalación de placas solares en los techos será reembolsada en un 30%.

Esta reforma permitiría fortalecer la resiliencia de los bosques frente a los monstruosos incendios que asolan el oeste del país, cuya multiplicación se ha atribuido directamente al calentamiento global.

También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética, una medida fuertemente criticada por la izquierda del partido, que tuvo que alinearse detrás de este texto al no poder alcanzar un acuerdo más ambicioso.

Biden ha debido resignarse a que los enormes planes de reformas con los que llegó al poder fueran rechazados por la negativa a votarlos de un senador de su propio campo, el sumamente moderado Joe Manchin.

En vista de la muy escasa mayoría demócrata en el Senado, Manchin, electo por West Virginia, un estado conocido por sus minas de carbón, ha adquirido prácticamente un derecho de veto sobre estos proyectos. Sin embargo, a fines de julio, el líder de los demócratas en el Senado finalmente logró arrancarle un compromiso.

El sábado, los senadores comenzaron finalmente a debatir el texto en el hemiciclo durante 15 horas ininterrumpidas, y dispusieron decenas de enmiendas.

Tanto la oposición republicana, que considera muy caro el plan del Gobierno, como el ala izquierda demócrata, que quería que fuera más ambicioso, aprovecharon esa oportunidad para formular sus cuestionamientos.

El influyente senador de izquierda Bernie Sanders presentó varias enmiendas que apuntan a reforzar el aspecto social del texto, que en los últimos meses fue considerablemente recortado.

El texto prevé $64.000 millones de dólares de inversión en salud y la reducción paulatina del precio de ciertos medicamentos, que en Estados Unidos pueden llegar a ser hasta diez veces más caros que en otros países ricos.

Pero los progresistas tuvieron que abandonar sus ambiciones de guarderías y universidades públicas gratuitas y una mejor atención a los ancianos.

"Millones de jubilados seguirán con los dientes podridos y no recibirán las dentaduras, audífonos o anteojos que se merecen", criticó Sanders.

"Este proyecto de ley no resuelve en nada este problema", aseguró.

Pero el campo demócrata, ansioso por implementar este plan antes de las peligrosas elecciones legislativas de noviembre y ofrecer una victoria a un presidente con un índice de popularidad anémico, se unió y rechazó la gran mayoría de las enmiendas.

Paralelamente a estas inversiones masivas, el proyecto de ley pretende reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15% para todas las empresas cuyas ganancias superen los mil millones de dólares.

Aspira así a evitar que algunas grandes empresas utilicen los vacíos fiscales que les han permitido pagar un tipo muy inferior al teórico.

Se estima que esta medida podría generar más de 258.000 millones en ingresos federales durante los próximos 10 años.

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