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La Paz. El Senado boliviano dio paso el sábado a nuevas elecciones generales sin Evo Morales como candidato, tras la violenta crisis que estalló hace un mes en torno a la figura del exmandatario y que deja 32 muertos.
“Se aprueba por unanimidad (...) el Proyecto de Ley ‘Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales’”, anunció el órgano legislativo reunido en sesión extraordinaria.
La iniciativa fue remitida esta misma tarde para su aprobación en la Cámara de Diputados, donde deberá recibir luz verde antes de convertirse en ley con la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez.
Simultáneamente, el gobierno provisional abrirá el diálogo con los movimientos de protesta, en busca de un acuerdo que ponga fin a los bloqueos y manifestaciones que dejan 32 muertos, 17 de ellos en choques con militares y policías en los últimos nueve días.
De concretarse ambas iniciativas, el llamado a nuevos comicios y la “pacificación” de las calles, Bolivia comenzaría a ver la luz después de atravesar por su peor convulsión en poco menos de dos décadas.
El primer paso lo dio el Senado anulando las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales había obtenido un nuevo mandato de cinco años en un proceso que fue contestado por la oposición en las calles por presunto fraude. La OEA también dijo haber detectado graves irregularidades.
Se van a “dejar sin efecto legal las anteriores elecciones y sus resultados que ocasionaron la movilización ciudadana”, sostuvo el senador Oscar Ortiz, quien desde la oposición a Morales lideró las negociaciones que desembocaron en el borrador de la propuesta.
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MAS, divido
El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Morales, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral, cuyos antiguos vocales fueron removidos acusados de haber manipulado el escrutinio.
Al mismo tiempo cierra la puerta a la postulación de Morales, quien ejerció el poder por casi 14 años con una alta popularidad que fue menguando pese a sus logros sociales y económicos, debido a su empeño de mantenerse en el cargo aun con un referendo en contra en 2016.
Finalmente, fue el Tribunal Electoral el que le dio la oportunidad de presentarse el 20 de octubre.
Con mayoría en el Congreso, el MAS se muestra dividido en torno a Morales, quien de momento no ha avalado públicamente el proceso para superar la crisis y su exclusión de las venideras elecciones.
Este proyecto “establece también una disposición para resolver una controversia que nos ha enfrentado a los bolivianos”, afirmó el senador Ortiz, aludiendo al artículo que impide que los “ciudadanos reelectos de forma continua durante los dos periodos constitucionales anteriores” puedan ser candidatos en la próxima contienda.
El expresidente, quien renunció tras perder el apoyo de los militares y la policía, consiguió la reelección en 2009 y 2014. Desde su llegada al cargo el 12 de noviembre, la exsenadora de derecha Áñez prometió elecciones en los próximos tres meses.
La Constitución le permite a Morales presentarse de nuevo a las urnas en 2025, cuando completaría 66 años.
Tras dimitir, Morales partió al exilio en México denunciando un golpe de Estado, mientras sus seguidores leales lanzaron una contraofensiva que hundió en el caos a buena parte del país.
Además de los muertos y decenas de heridos y detenidos, las protestas impidieron el ingreso de comida y combustible en La Paz. Sin embargo, este sábado se empezó a restablecer la normalidad con el suministro paulatino de combustible y el abastecimiento parcial de mercados.
Investigación
El viernes la fiscalía abrió una investigación formal contra Morales por “terrorismo y sedición”.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, presentó como prueba de la denuncia un audio en el que se escucha supuestamente a Morales instruyendo a un partidario cocalero para que se cerquen las ciudades y se interrumpa el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.
El jueves el exgobernante denunció en Twitter los planes del gobierno de Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.
