"La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora" de energía, escribió Twitter la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu.
El comentario no fue bien recibido por el canciller Eduardo Reina. “Sra. Embajadora. Usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza”, sostuvo.
“Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos”, advirtió también en Twitter.
Dogu asumió funciones el 12 de abril, en la reanudación plena de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Honduras, que se habían mantenido a nivel de encargado de negocios desde 2017. El envío de un embajador fue interpretado por el nuevo gobierno hondureño, que asumió el 27 de enero, como una señal de la administración de Joe Biden de fortalecer las relaciones con Castro.
Estados Unidos ha dejado claro que apoya la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país, y respalda los planes para contener la masiva migración hacia su territorio, desde un país con el 73% de sus hogares en pobreza.
El gobierno de Castro envío el lunes un proyecto al Congreso para una reforma estructural del sector de energía eléctrica, que incluye revisar los contratos con las generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio/hora.
El proyecto establece que "en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado" pagando el "justiprecio" de las plantas.
Según los expertos, los gobiernos anteriores negociaron con las generadoras contratos "leoninos" por los altos precios en que fijaron el kw/h, muy por encima de los precios de los demás países de Centroamérica.
Diputados oficialistas denuncian irregularidades en la aprobación de esos contratos.
El gobierno de Castro prometió una solución definitiva del problema porque la empresa eléctrica estatal (ENEE), que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en unos dos millones de clientes, arrastra una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares con ellos. Una veintena de generadoras privadas suplen el 60% de la demanda en Honduras.
