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Madrid. El Tribunal Supremo español confirmó este lunes la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, una decisión que conlleva su cese del cargo y puede generar turbulencias políticas para el gobierno central de Pedro Sánchez.
En mayo del 2018, el dirigente catalán recurrió a este alto tribunal tras haber sido condenado en primera instancia en diciembre a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno, como había ordenado la Junta Electoral.
Tras estudiar el caso el 17 de setiembre, el Tribunal Supremo “ratifica que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central”, indicó en un comunicado.
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En un discurso de despedida desde la sede del Gobierno regional, Torra aceptó su inhabilitación, aunque advirtió de que llevará lo que él considera “un golpe urdido por los poderes del Estado español” ante la Justicia europea.
“Les puede más la sed de venganza que no el respeto a la salud”, añadió, criticando que su destitución provoca una situación de inestabilidad en la región en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus.
Su cargo lo asumirá interinamente su vicepresidente Pere Aragonés, aunque con competencias limitadas, mientras en el Parlamento regional se abre un periodo de algo más de dos meses para encontrar un relevo.
De no conseguirlo, Cataluña celebraría elecciones a principios del 2021, que serían las quintas desde el 2010 en esta región donde el incremento del independentismo fue parejo a una mayor inestabilidad política.
Impacto de la decisión
Esta sentencia puede repercutir en el gobierno de izquierda español de Pedro Sánchez, que busca el apoyo de los separatistas catalanes para los presupuestos del 2021, donde deberían incluir las multimillonarias ayudas europeas para reactivar la economía tras la pandemia.
Investido en enero con la ayuda del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Sánchez inició ese mes una mesa de negociación con las autoridades regionales para reconducir el largo conflicto catalán, que quedó interrumpida por la pandemia.
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La destitución de Torra puede envenenar las relaciones entre ambas partes y dificultar su reactivación que, al mismo tiempo, es una de las condiciones de ERC para apoyar las cuentas gubernamentales.
En Cataluña, varias entidades separatistas convocaron manifestaciones por la tarde en diferentes municipios para protestar contra la decisión judicial.
En Barcelona, la protesta tuvo lugar frente a la sede de la Generalitat (Gobierno autónomo), donde Torra y otras personalidades independentistas desplegaron la pancarta que originó todo el conflicto mientras recibían un baño de masas por unos cientos de manifestantes congregados allí.
Los hechos se remontan a marzo del 2019, cuando la Junta Electoral le ordenó quitar una pancarta de la sede del Gobierno regional donde reclamaba la libertad para los dirigentes separatistas encarcelados por los hechos del 2017.
Alegando defender su libertad de expresión, el dirigente ignoró en dos ocasiones el plazo otorgado para cumplir la orden, aunque finalmente lo hizo a regañadientes.
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“Sí, desobedecí”, admitió abiertamente durante el juicio celebrado a finales de 2019 en Barcelona.
Su destitución coincide con un momento de división en el movimiento separatista, sin una estrategia clara tras la fallida secesión y fuertes discrepancias entre sus dos grandes partidos, Juntos por Cataluña de Torra y sus socios de gobierno de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).
En enero, estas tensiones internas llevaron a Torra a anunciar unas elecciones anticipadas que no llegaron a convocarse por la llegada de la pandemia a España. Ahora, paradójicamente, el gobierno quedará en manos de Aragonés, de ERC.
El Parlamento regional, con mayoría independentista, debe escoger presidente en un plazo de dos meses o se convocarán unas nuevas elecciones en las que las dos formaciones de gobierno parten como favoritas.
Estas turbulencias pueden lastrar los esfuerzos de Sánchez para apaciguar las conflictivas relaciones entre Madrid y Barcelona a través de la puesta en marcha de una mesa de negociación con el gobierno regional que quedó interrumpida por la pandemia.
Este diálogo fue una concesión para conseguir ser investido con la ayuda del partido ERC, que ahora reclama su reactivación para apoyar las cuentas del gobierno español para el2021, claves para reimpulsar una economía muy maltrecha por la crisis sanitaria.
