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Un alto tribunal de Barcelona condenó este jueves al presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española, informó un comunicado judicial.
La sentencia no es de aplicación inmediata, pero le costaría el cargo a Torra, condenado por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede del gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril.
El presidente regional puede recurrir la decisión al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería destituido, lo cual provocaría una crisis de gobierno o incluso un avance electoral en esta región del noreste de España.
En una desafiante comparecencia en la sede del gobierno regional en Barcelona, el presidente separatista anunció que recurrirá la decisión y abrió la puerta a desacatar una hipotética destitución.
"A mi no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas porque solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña", de mayoría independentista y encargado de investir al presidente regional, dijo Torra.
El caso fue juzgado el 18 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la más alta instancia judicial de la región, que en su sentencia subraya "la recalcitrante y reiterada actitud desobediente" del presidente regional.
"El único objeto de debate en estos autos ha sido, a la vista de lo analizado, la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad", afirman los magistrados.
Además de la inhabilitación, el tribunal impuso una multa de 30.000 euros al dirigente regional, líder de un gobierno de coalición entre las dos principales formaciones separatistas, Juntos por Cataluña del expresidente Carles Puigdemont e Izquierda Republicana.
Desde su llegada al cargo en mayo de 2018, Torra, de Juntos por Cataluña, colocó en la sede del gobierno regional pancartas y símbolos afines al independentismo, como unos lazos amarillos que los militantes del movimiento utilizan para reclamar la libertad de sus dirigentes presos.
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En marzo, la Junta Electoral Central ordenó la retirada de los símbolos separatistas de los edificios de la administración para garantizar la neutralidad de las instituciones ante los comicios legislativos del 28 de abril.
El símbolo más llamativo era una pancarta en la fachada de la sede del gobierno catalán, en Barcelona, donde se leía "Libertad para los presos políticos y los exiliados", acompañada de un lazo amarillo.
El dirigente regional ignoró dos veces el plazo fijado por la autoridad electoral para retirar la pancarta y, antes de quitarla por completo, probó a taparla con otra con el mismo mensaje y un lazo blanco.
"Sí, desobedecí. Pero es que era imposible cumplir con una orden ilegal", reconoció en su juicio Torra, amparando su conducta en el derecho a la libertad de expresión.
Con un discurso encendido que no suele traducirse en pasos significativos hacia la secesión, la figura de Torra es fuertemente discutida tanto por partidarios como detractores de la independencia, que le reclaman desde hace meses la dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones.
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