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Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, amenazado de destitución, decretó este miércoles la disolución del Congreso, lo cual implica la celebración de elecciones anticipadas.
El impopular mandatario de derecha, acusado por la oposición legislativa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó utilizar la muerte cruzada, es decir; “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna”, señala el documento difundido por la presidencia.
“El presidente puede seguir gobernando a través de decretos ley que tienen que pasar el control constitucional de la Corte en el Ecuador. El presidente tendrá seis meses más en funciones hasta la designación de las nuevas autoridades, se denomina muerte cruzada porque se disuelve la Asamblea y también se termina el periodo del Presidente de la República en un lapso de seis meses”, explicó Paul Romero, periodista ecuatoriano a La Nación.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.
Sin embargo, ya se realizó el aviso, “nosotros tenemos elecciones, no solo las que vendrían en tres meses, sino en 2025 tenemos nuevamente. Es decir, estas elecciones son solamente para lo que resta del periodo actual (un año y medio) (...) es un presupuesto muy grande llamar ahora a elecciones y en 2025 para volver a elegir presidente y asambleístas, pero ya hay algunos candidatos”, mencionó Gisella Bayona, periodista ecuatoriana.
“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso en cadena nacional, acompañado de sus ministros.
El gobernante se presentó este martes ante el Congreso para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado.
Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
“El presidente estaba enfrentando un juicio político acusado por presunto peculado en la adjudicación de unos contratos de la empresa pública flota petrolera ecuatoriana Flotex según la oposición o los legisladores interpelantes él conocía de presuntos actos de corrupción de esta empresa pública y no actuó es decir, le estaban acusando de omisión y de responsabilidad política al no haber tomado acciones para evitar presuntos actos de corrupción”, dijo Romero.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de $6 millones. El mandatario no fue procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
“Salida constitucional”
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos—leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
“Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes”, señaló el presidente, quien tenía una minoría en el Legislativo.
La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, constataron periodistas de esta agencia.
Además, ambos comunicadores coinciden en que la situación social en el país es de calma, “se garantiza la normal circulación, no va a haber toques de queda o estados de excepción porque no va a ser necesario”, señaló Bayona quien pudo conversar con el Secretario de Seguridad de Ecuador.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
“Las fuerzas armadas y la policía nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución”, expresó el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas ecuatorianas, en un video difundido por el ministerio de Defensa.
En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
En su alocución, Lasso expresó que decidió disolver la Asamblea Nacional “para dar una salida constitucional al Ecuador”, un país que durante años tuvo fama de ingobernable.
Posición diplomática
La Embajada de Ecuador en Costa Rica manifestó, este miércoles, que “nada se ha paralizado en el país”, que todos los servicios públicos se encuentran operando con normalidad” y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siguen garantizando la seguridad.
“El Gobierno Nacional considera que esta es la mejor decisión para resolver de manera constitucional la crisis política y la conmoción interna que atraviesa Ecuador, y devolver a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, señaló.
La misión diplomática alegó que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha obstruido constantemente la gestión del Ejecutivo y ha generado una grave crisis política y conmoción interna.
Indicó que, a partir de ahora, la administración Lasso expedirá una serie de decretos-ley.
Lasso se enfrentaba a un juicio político que debía continuar este miércoles, siguiendo los pasos de Abdalá Bucaram en 1997 y Lucio Gutiérrez en 2005, quienes también fueron sometidos a dicho proceso y destituidos por el Congreso.
