La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) Ana María Tello, se presentó el viernes a las oficinas de Confidencial para constatar lo ocurrido en el local de la publicación.

"La CIDH y el Meseni (Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua) condenan esta situación, que es una violación clara al derecho de asociación y de expresión", dijo Tello.

"No cabe duda de que en las últimas semanas ha habido un incremento notable del hostigamiento a las ONG, miembros de la prensa, y en los últimos dos días, con el cierre de varias ONG, queda claramente demostrado que hay hostigamiento importante de las fuerzas policiales", añadió.

El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente las acciones represivas y aseguró que con ellas "no conseguirán ocultar la opresión sistemática al pueblo nicaragüense".

"Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan todavía más al régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el resto del mundo", señaló el comunicado atribuido a Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.

Entre las ONG allanadas están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la fundación Popol Nah en Managua; la Fundación del Río, en el departamento de Río San Juan (sur), y el Instituto de Liderazgo de las Segovias, en Nueva Segovia (norte).

El ingreso policial en Confidencial, sin orden judicial, se realizó entre la medianoche del jueves y la madrugada del viernes.

“Fue un asalto brutal (...) entraron a las oficinas y saquearon con lujo de violencia, (...) se llevaron computadoras, equipos de edición y toda clase de documentos”, puntualizó Chamorro, propietario de la revista digital.

Según aseguró, las autoridades pensaban que en el lugar funcionaba el Centro de Investigación y Comunicación (Cinco), una de las nueve ONG a las que el Parlamento canceló el jueves la personería jurídica acusándolas de participar en un intento de golpe de Estado por apoyar las protestas antigubernamentales iniciadas en abril.

"Es un ataque brutal y demencial contra la libertad de prensa y la empresa privada", denunció Chamorro.

Situación similar vivió el Cenidh, uno de los principales organismos defensores de derechos humanos en Nicaragua.

“Policías antimotines se metieron a las oficinas como ladrones, entraron por el techo, actuaron como delincuentes”, expresó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, quien desde la noche del jueves había hecho circular un audio en las redes sociales alertando sobre la posibilidad de un asalto a sus oficinas.

Igual denuncia hizo la directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, Haydée Castillo, donde un vigilante fue golpeado y está desaparecido.

Las autoridades se llevaron documentos, vehículos y motocicletas propiedad del instituto, indicó Castillo.

La organización Popol Na, dirigida por la exguerrillera y disidente sandinista Mónica Baltodano, también fue allanada por la Policía.

“Quieren implantar el terror cerrando y asaltando las oficinas de organismos que trabajamos con la población. (Creen que) se va a terminar el malestar de la gente que pide justicia, libertad y democracia; pero se equivocan” , afirmó Baltodano, quien fue parte del gobierno de Ortega en los años 80.

Tanto el Cenidh como el resto de las organizaciones fueron despojados de su permiso de trabajo entre el miércoles y el jueves por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, gobernante), que cuenta con 70 de los 92 escaños del Congreso.

Los argumentos de los diputados oficialistas es que las organizaciones han actuado al margen de la ley y han sido parte de un supuesto golpe de Estado, como ha llamado el gobierno del presidente Daniel Ortega a las protestas sociales

Denuncia y condena

La CIDH manifestó el viernes en un comunicado que “expertos en libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano manifiestan su condena por los reiterados ataques, allanamientos y formas de censura contra periodistas y medios independientes en Nicaragua y llaman de manera urgente al Estado a cesar toda forma de hostigamiento y persecución”.

“La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es sombría debido a las agresiones, censura y persecución policial y de elementos parapoliciales contra la prensa”, indicaron Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y David Kaye, su homónimo de las Naciones Unidas.

Por su lado, la directora para las Américas de Aministía Internacional, Éricka Guevara Rosas, dijo en una declaración: “Vemos con alarma y desconcierto como este régimen se ha empecinado en evidenciar la total ruptura del Estado de derecho, y perpetuarse como el máximo violador de los derechos humanos”.

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) expresó su “enérgica condena” a los allanamientos policiales."Estos actos (...) constituyen, en conjunto, un patrón de violaciones de las libertades fundamentales de expresión y asociación con serio impacto en todos los demás derechos de las y los nicaragüenses", escribió en Twitter

La represión de las protestas, que comenzaron en abril en rechazo a una reforma impuesta al sistema de seguridad social, han dejado al menos 325 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos.