Músicos argentinos aseguran que ‘ley ómnibus’ de Javier Milei pretende desfinanciar industria musical

Charly García, Fabiana Cantilo y Gustavo Santaolalla firmaron, junto con otro medio millar de músicos y grupos argentinos, un comunicado contra la llamada “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso y que incluye desfinanciar la industria musical.

El “devastador proyecto de ley”, señala el comunicado firmado también por músicos como León Gieco y Susana Rinaldi, implica que en un país que es ejemplo de producción cultural ahora solo imperará “la lógica de mercado para determinar qué será lo que se produzca”.

“El resultado de esa lógica sería una producción cultural que tiene más que ver con la competencia, que con la transmisión de sentimientos y valores”, indica el comunicado de la Mesa de la Industria y de la Actividad Musical.

Otro de los firmantes más notorios es La Renga, una banda de rock cuyo tema Panic Show suele ser cantado por Milei en sus actos públicos, a pesar de haber sido rechazado por el grupo en un comunicado en el 2021: “No queremos tener a un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

La “ley ómnibus”, que aún debe ser analizada por el Congreso, comprende 664 artículos que proponen cambios en el sistema político, la educación, las jubilaciones, las relaciones laborales y los derechos de protesta.

Entre otras reformas, reduce el financiamiento al Instituto Nacional de la Música y daría golpes similares al mundo del cine y el teatro.

Este ambicioso proyecto del presidente libertario, llamado oficialmente “Ley de bases y puntos de partida para la libertad”, complementa a otra batería de 360 reformas que están contenidas en un polémico decreto que entró en vigor el viernes pasado.

Este megadecreto de Milei, que deroga o modifica más de 300 normas, sufrió esta semana sus primeros reveses cuando la Justicia dio lugar a dos amparos judiciales distintos contra su capítulo laboral, que es rechazado por los sindicatos.

Un juez federal suspendió el jueves el descanso judicial de enero para que los jueces puedan pronunciarse este mes sobre los numerosos amparos presentados contra el decreto.