EscucharBuenos Aires. La Justicia argentina suspendió este miércoles la reforma laboral del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei, el cual entró en vigencia el pasado viernes y modifica o deroga más de 300 normas.
El gobierno apelará esta decisión, según informó a esta agencia el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, poco después de conocerse el fallo judicial.
El dictamen, emitido por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, surge tras la presentación de un amparo por parte de la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, la semana pasada.
La justicia anuló la aplicabilidad del capítulo IV del DNU que, entre otras medidas, extiende el período de prueba de los trabajadores de tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, disminuye las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, y limita casi hasta la anulación el derecho a huelga u otras medidas de fuerza.
En su fallo, uno de los jueces, Alejandro Sudera, cuestionó la “necesidad” y la “urgencia” del decreto de Milei.
“No se evidenciaría objetivamente la ‘necesidad’ de adoptar tan numerosas medidas” y “lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían (...) razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, argumentó.
Además, detalló que varias de las normas que el Ejecutivo pretende modificar sin intervención de los legisladores “tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral”, en relación a las limitaciones de huelga y la anulación de multas a empleadores que tengan trabajadores sin registrar debidamente.
Medida provisoria
La suspensión es una medida provisoria hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso.
Presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina, con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40%, el mega decreto de Javier Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios.
“El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico en nuestro país”, esgrimió el presidente el 20 de diciembre al dar a conocer el DNU.
En total suman 10 las denuncias realizadas en la justicia a raíz del megadecreto del ejecutivo. Una de ellas acusa a Milei penalmente por “abuso de autoridad” y por “traición a la patria”.
Otras medidas
El decreto contempla entre otras, la cancelación de contratos de alrededor de 7.000 empleados públicos, como parte de las medidas para reducir el gasto estatal, con el objetivo de alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Deroga la ley de alquileres, suprime normativas de salvaguarda para los trabajadores y de protección al consumidor frente a incrementos desmedidos de precios cuando la inflación anual supera el 160% y la tasa de pobreza llega al 40%.
Asimismo, elimina los límites a las comisiones bancarias y tasas punitivas, libera las cuotas de los seguros de medicina privada, anula la ley que establecía incrementos trimestrales a las jubilaciones, y allana el camino para la privatización de empresas públicas y la conversión de clubes deportivos en sociedades anónimas.
El partido de Milei, La Libertad Avanza (ultraderecha), cuenta con 40 de los 257 diputados y siete de los 72 senadores, mientras que la oposición conserva la primera minoría en ambas cámaras.
Las demás fuerzas políticas incluyen tres partidos de centro y derecha pertenecientes a la coalición Juntos por el Cambio, que ostentan la segunda minoría, además de una reducida representación de la izquierda y otras agrupaciones provinciales.
