Política

Juez de Manhattan ordena que Trump declare en caso sobre sus prácticas fiscales

El juez Arthur Engoron desestimó así un recurso interpuesto por el propio Trump y dos de sus hijos Ivanka y Donald Jr., de negarse a declarar en la investigación abierta por la fiscal de Nueva York

Nueva York. El expresidente Donald Trump y dos de sus hijos, Ivanka y Donald Jr, tendrán que comparecer ante la fiscalía neoyorquina para declarar en el marco de la investigación abierta por supuestas prácticas fiscales fraudulentas del grupo empresarial familiar Trump Organization.

Tras más de dos horas de audiencia por videoconferencia celebrada en la mañana de este jueves, el juez Arthur Engoron acordó “denegar” el recurso presentado por Trump y sus dos hijos que habían ignorado hasta ahora las citaciones de la fiscal de Nueva York, la demócrata Letitia James, para declarar en el marco de la investigación que inició en marzo de 2019 al grupo empresarial familiar del expresidente.

El juez ha ordenado a Donald Trump que entregue en un periodo de “14 días” los documentos y la información requeridos por la fiscalía y conmina a los tres a comparecer en la oficina de la fiscal para declarar en un periodo de “21 días”.

[ Fiscala general de Nueva York halla pruebas de fraude en negocios de familia Trump ]

Se espera que los Trump apelen la decisión.

“Nadie está por encima de la ley”, se felicitó la fiscal de Nueva York.

El expresidente y su familia alegan que se trata de una investigación con motivaciones políticas de la fiscal demócrata.

Abstenerse de investigar “habría sido una falta flagrante de los deberes de la fiscal”, razonó el juez en su fallo, descartando cualquier “animadversión personal” de James.

La fiscal había citado a declarar bajo juramento en diciembre a los Trump pero estos ignoraron las citaciones y recurrieron a todo tipo de subterfugios para retrasar la investigación.

En un documento de un centenar de páginas publicado en enero, la fiscal de Nueva York, dijo haber encontrado “pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos”.

Los acusa de haber “estimado incorrectamente el valor de estos activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”.

Según ella, Donald Trump, tenía el “poder de decisión sobre un amplio abanico de prácticas en la Trump Organisation, incluidas las declaraciones erróneas a terceros, en particular instituciones financieras y el fisco estadounidense”.

Eric, otro de los hijos de Trump y vicepresidente ejecutivo de la Trump Organisation, fue interrogado por la oficina de James sobre este caso en octubre de 2020.

Si la fiscal encuentra evidencia de fraude financiero, podrá denunciar a la Trump Organisation por daños pero no podrá incoar cargos criminales.

James presentó esta semana un documento en el que el bufete de contadores que trabajó para Donald Trump lo acusa de no confiar en los estados financieros que su organización le proporcionó durante una década.

Mazars también informó al grupo familiar que dejaría de trabajar para él.

Los últimos acontecimientos llevaron a la comisión de vigilancia de la Cámara de Representantes a solicitar el jueves a los servicios generales de la administración que ponga fin al contrato que le permite alquilar el Trump International Hotel de Washington y que proyecta vender.

Al expresidente republicano, que todavía no ha hecho público si va aspirará de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, se le acumulan los problemas.

Además de la comisión del Congreso que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 y el papel de Trump y de los miembros de su círculo, en las últimas semanas, el magnate ha sido acusado de mal manejo de documentación oficial por descuidar deliberadamente algunos de sus archivos antes de su transmisión obligatoria a los Archivos Nacionales estadounidenses.

Esta agencia federal ha pedido que la justicia abra una investigación después de que tuviera que recuperar en Florida quince cajas con documentos que Donal Trump se había llevado consigo cuando salió de Washington en enero de 2021.

La semana pasada, Mazars Group informó a la Organización Trump en una carta que dejaría de trabajar para la empresa, que es investigada por presunta evasión fiscal por los fiscales de Nueva York. La carta fue revelada en la corte por la fiscala general del estado, Letitia James, cuando solicitó a un juez que obligara a Trump a cumplir con las citaciones para brindar testimonio en el marco de la investigación.

El mes pasado, James había dicho que su pesquisa sobre la empresa familiar de Trump había descubierto “pruebas significativas” de prácticas comerciales engañosas, incluida la valoración fraudulenta de activos. Mazars indicó en la misiva que los hallazgos de James habían contribuido a su decisión de considerar que las cuentas de Trump entre el 30 de junio del 2011 y el 30 de junio del 2020 “ya no deberían ser confiables”.

La firma contable agregó que una pesquisa propia e “información recibida de fuentes internas y externas” también habían influido para llegar a esa conclusión. “Si bien no hemos concluido que los varios estados financieros, en su conjunto, contienen discrepancias importantes, en base a las circunstancias creemos que nuestro consejo de ya no confiar en esos estados financieros está justificada”, manifestó.

La Organización Trump se dijo “decepcionada” por la decisión de Mazars de cortar los lazos. Un vocero de la empresa expresó en un comunicado que la misiva de Mazars “confirma” que el bufete contable hizo su trabajo “con todos los estándares y principios contables aplicables” y destacó que los “estados financieros no contienen discrepancias importantes”.

La Organización Trump es sospechosa de haber sobrestimado el valor de ciertas propiedades al solicitar préstamos bancarios e infravalorar esas mismas propiedades ante la dirección de rentas para pagar menos impuestos.

Además de la investigación civil que adelanta James, la Organización Trump es objeto de una pesquisa penal por parte de la fiscalía de Manhattan. El exmandatario alega que las investigaciones en su contra tienen motivaciones políticas.

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