Las bases de la democracia en El Salvador han sido blanco de acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele para socavarlas, entre ellas saltarse controles por parte de otras instituciones del Estado, mientras que en Nicaragua la administración de Daniel Ortega continuó concentrando poder y reprimiendo y hostigando toda manifestación de crítica o demanda de rendición de cuentas.

Tales denuncias se incluyen en el Informe Mundial 2021 de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), emitido esta semana, y que recoge y valora la situación imperante en el 2020 en 100 países.

HRW, que empezó en 1978 su labor de vigilancia de los derechos humanos, incluyó en el documento un vistazo al panorama en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. No hubo menciones a Costa Rica, Panamá y Belice.

Respecto a El Salvador, destacó el enfrentamiento del gobierno con otras instituciones estatales, entre ellas la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. La ONG recordó la incursión de policías y soldados, por orden de Bukele, a la sede del Congreso en momentos cuando el mandatario presionaba a los diputados para que aprobaran un préstamo para seguridad pública.

También hizo referencia al desafío del gobierno a tres fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema relacionados con detenciones a personas que irrespetaron disposiciones sobre el confinamiento para hacer frente a la pandemia de covid-19.

Uno de ellos ordenó al gobierno de Nayib Bukele dar un trato digno a los salvadoreños que estaban en cuarentena, otro advirtió a las autoridades de que tenían prohibido “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario” a personas que violan la cuarentena sin causa justificada y el tercero recordó a la administración que no tenía derecho a limitar derechos fundamentales en las acciones para enfrentar al nuevo coronavirus.

HRW indicó que miles de personas fueron recluidas en centros insalubres y superpoblados. llamados “centros de contención” durante el confinamiento -entre marzo y junio-.

Criticó que las autoridades no aislaron a quienes dieron positivo por la covid-19 de otros detenidos. “Más de 16.000 personas fueron enviadas a estas instalaciones y algunas fueron detenidas por hasta 40 días”, afirmó.

La organización se hizo eco de un informe de la Defensoría del Pueblo según el cual, como consecuencia de las medidas para hacer respetar la cuarentena, recabó más de 1.600 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 620 de ellas vinculadas con la libertad de tránsito.

Trato a pandilleros

Asimismo, el documento incluyó información sobre el endurecimiento del trato a los integrantes de pandillas (maras) recluidos en las cárceles salvadoreñas.

Específicamente, rememoró la declaración de “estado de emergencia” en las cárceles de máxima seguridad, el cual contempló el confinamiento en bloque durante 24 horas de esos presos.

Human Rights Watch afirmó que la concentración de miles de detenidos, apiñados, la mayoría desnudos y sin mascarillas contravenía “la orientación de salud pública para frenar la propagación de covid-19″ y aumentaba “el ya elevado riesgo de contagio”.

Otra observación incluida en el informe se relaciona con el hacinamiento en las prisiones y las condiciones sanitarias deficientes.

“El riesgo de infección por tuberculosis entre las personas encarceladas en El Salvador es 99 veces más alto que en la población general. Estas condiciones corren el riesgo de extenderse aún más con covid-19″, añadió.

No dejó de señalar el impacto de las pandillas en la inseguridad pública, dado que estas extorsionan, recogen información sobre las actividades de la población y ejercen control territorial.

Poder acaparado

En la otra orilla del golfo de Fonseca, desde su regreso al poder -en el 2007- Daniel Ortega “ha desmantelado casi todos los controles institucionales sobre el poder presidencial”, consignó HRW.

Citó el control del régimen sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), “repleto de sus partidarios”, que ha impulsado decisiones cuyo fin es dificultar o impedir la acción de los partidos opositores. Nicaragua irá a elecciones presidenciales y legislativas en noviembre próximo y es muy probable que Ortega aspirar a un cuarto periodo consecutivo.

En diciembre anterior, el Congreso -dominado por el sandinismo- aprobó una ley que impide la postulación de candidatos que apoyen sanciones internacionales contra el país.

La Corte Suprema ha confirmado decisiones del CSE que van en menoscabo de los derechos políticos de los ciudadanos, denunció la ONG, con sede en Nueva York.

Puntualizó: “Los problemas persistentes incluyen severas restricciones a la libertad de expresión y asociación, discriminación política contra trabajadores estatales que apoyan a la oposición, y estrictas leyes de aborto que no dejan opciones a las víctimas de violación”.

De acuerdo con el informe, en el 2020 el gobierno de Ortega continuó con la represión y el hostigamiento a sus adversarios, una continuación de la arremetida que emprendió contra quienes participaron en las protestas del 2018, originadas por una reforma a las pensiones y que derivaron en manifestaciones callejeras para demandar la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta. Rosario Murillo. El gobierno calificó el movimiento como un “golpe de Estado”.

HRW acusó a las autoridades de mantener una política de persecución y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, quienes son “objeto de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, acoso, vigilancia y agresión”.

Además, “algunos (...) han sufrido procesamientos arbitrarios empañados por violaciones al debido proceso”.

El cerco a los opositores se ejerce por medio de la legislación, consignó la ONG. Enumeró, por ejemplo, la promulgado de una ley de “agentes extranjeros”, aprobada y en vigencia el año anterior, dirigida a controlar los recursos externos que reciben personas y organismos de fuentes internacionales.

Consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleadores de servicios de información y consultores políticos, entre otros, están obligados a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación, y los adversarios de Ortega consideran el texto como una herramienta que otorga al mandatario un “control totalitario” del país.

En el documento se hace alusión a una ley que castiga con cárcel a las personas y entidades que difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.

“Es probable que (la normativa) propague ansiedad, angustia o miedo”, advirtió.

La libertad de expresión, continuó HRW, es objeto de restricciones por parte del régimen de Ortega, que recurre a “amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, arbitrariedad financiera investigaciones y cierres forzosos” de medios.

Más de 90 periodistas huyeron de Nicaragua entre abril del 2018 y abril del 2020, indicó.

La organización defensora de los derechos humanos señaló el secretismo con que el gobierno ha manejado la pandemia de covid-19, negándose a proporcionar información ágil, a la vez que ha rehusado adoptar medidas preventivas y más bien alentado actividades con concurrencia masiva.

Guatemala

En el aparte relacionado con Guatemala, hizo señalamientos como los siguientes:

♦Luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales se negó a prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig), las investigaciones sobre la materia “se han ralentizado, lo que limita la rendición de cuentas sobre la corrupción gubernamental a gran escala y abusos de poder”.

♦El actual mandatario, Alejandro Giammattei, y su administración “han mostrado una actitud hostil hacia prensa y han sido acusados de ocultar información sobre los casos de covid-19″.

♦ “Violencia y extorsión por parte de poderosas organizaciones criminales, que el gobierno a menudo no ha podido o no ha querido controlar, siguen siendo problemas graves en Guatemala”.

♦Jueces y fiscales son objeto de intimidación y la corrupción en el sistema judicial, una realidad presente. El nombramiento de jueces y magistrados, que corresponde al Congreso, se presta para designaciones no siempre idóneas. El proceso “se ve empañado por decisiones arbitrarias y conflictos de intereses”.

Honduras

HRW planteó denuncias y observaciones sobre el panorama de derechos humanos en Honduras:

♦”El crimen organizado violento continúa perturbando la sociedad hondureña y empujando a muchos gente para salir del país”. Identificó entre las víctimas de esa violencia a periodistas, activistas ambientales, lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), así como personas con discapacidades.

♦ Estancamiento en los intentos por reformar los cuerpos de seguridad. La Policía y el Poder Judicial están marcados por la corrupción y el abuso, y “siguen siendo en gran medida ineficaces”.

♦Destacó la promulgación de un nuevo código penal, en junio del 2020, que incluye la reducción de penas por corrupción y delitos conexos, lo cual beneficia a “políticos vinculados al crimen organizado”.

♦”La violencia de pandillas está muy extendida en las zonas urbanas y sus alrededores”. Esos grupos “ejercen control territorial sobre los barrios y extorsionan” a la población. “Reclutan a la fuerza a niños y abusan sexualmente de las mujeres, niñas y personas LGBT. Las pandillas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes resisten”.

♦ El informe también denunció las interferencias, amenazas, presiones políticas y acoso contra los jueces, y responsabilizó de tal situación al “Poder Ejecutivo, actores privados vinculados al gobierno y crimen organizado”. Similar situación afrontan los fiscales y quienes hacen denuncias, dijo.