Ciudad de Panamá. El principal gremio empresarial de Panamá expresó críticas hacia la “inacción” del gobierno del presidente Laurentino Cortizo ante los bloqueos de rutas que mantienen al país semiparalizado por más de un mes, en protesta contra un cuestionado contrato minero.
Las protestas surgieron el 20 de octubre tras la aprobación del Congreso de un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica durante 40 años.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó en un comunicado que “en los últimos 30 días, Panamá ha sufrido un persistente cierre de vías, con el consecuente caos (...) y un doloroso proceso de la destrucción de la matriz económica de la nación”.
El Conep señaló la falta de autoridad y la inacción del gobierno ante la situación, permitiendo que “grupos que promueven el caos y la anarquía definan el futuro de todos” los panameños.
Las protestas afectaron severamente al país durante cinco semanas, con pérdidas económicas estimadas en $1.700 millones, según el Conep. Las pequeñas, medianas y microempresas sufrieron especialmente, generando desempleo y un aumento en la informalidad laboral.
A pesar de la aprobación de una moratoria de la minería metálica por parte del Congreso el 3 de noviembre, las manifestaciones persisten, ya que la justicia aún debe decidir sobre la validez del contrato.

La policía anunció hace dos semanas el uso de toda la “fuerza necesaria” para despejar las rutas, pero la situación no cambió.
Ambientalistas cesaron las marchas tras la moratoria, pero sindicatos, gremios de maestros y otras organizaciones continúan con los bloqueos. El gobierno y First Quantum argumentan que la mina aporta significativamente a la economía del país, generando empleos y contribuyendo al PIB.
Sin embargo, la controversia persiste, y el pago de regalías e impuestos por parte de la minera se encuentra congelado a la espera de un fallo sobre la “inconstitucionalidad” del contrato.
