Washington. En Nicaragua se han registrado conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fue enviado por la CIDH al país, pero que esta semana fue expulsado por el gobierno de Daniel Ortega.

“Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.

El miércoles, el gobierno de Ortega ordenó el expulsión de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargadas de investigar la represión de las manifestaciones que comenzaron en abril.

La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represiones violentas de las protestas que comenzaron en abril.

Los expertos señalaron que desde el inicio de sus labores, el trabajo del Grupo trabajó “sin la cooperación del gobierno” y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores “representó una seria limitación”.

Las protestas antigubernamentales en Nicaragua –que han dejado al menos 325 muertos, según grupos humanitarios, y 198, alegan las autoridades– se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma del seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de de organizaciones de derechos humanos locales, que “solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo” hubo al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.

La delegación denunció que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos”. “Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos”, manifestó el argentino Pablo Parenti, miembro del panel.

Esta semana, el gobierno de Ortega acusó al Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni) y al GIEI de “injerencia” y “falta de imparcialidad y objetividad”, y los expulsó, por lo que el informe que iba a ser presentado en Managua fue difundido en Washington.

Juicio a responsables

Asimismo, los especialistas pidieron a la comunidad internacional juzgar a los responsables en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.

“Los otros Estados del planeta pueden intervenir y juzgar”, dijo Parenti en conferencia de prensa. “Deben considerarse como crímenes contra la humanidad por asesinato, por encarcelamiento y persecución. Son delitos que no prescriben ni pueden recibir amnistía”.

Recordó que Nicaragua no forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que juzga casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc.

Aun así, manifestaron que esa respuesta de la comunidad internacional es necesaria para “evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad”.

Otro de los expertos, el italiano Amerigo Incalcaterra, indicó que durante los últimos seis meses el grupo revisó tres millones de tuits y 10.000 videos, pero se quejó de que el gobierno no les compartió información. “No tuvimos acceso a ningún expediente médico, ni forense, ni nada. Nunca nos entregaron ni un papel”, aseguró.

Las 24 recomendaciones al Estado de Nicaragua plasmadas en el informe incluyen adelantar una reforma integral de las instituciones para poner fin a las condiciones que “generaron la represión y la persecución política”, tales como depurar la Policía y desarmar a grupos armados paraestatales.

El GIEI queda desmantelado con la presentación de su informe al haber culminado su mandato de seis meses. El Meseni seguirá operando desde Washington.

Además de Parenti e Incalcaterra, la peruana Sofía Macher y la guatemalteca Claudia Paz y Paz presentaron su reporte un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio luz verde a una ley (NICA Act) que busca limitar el acceso del gobierno de Nicaragua a créditos de organismos financieros multilaterales y sancionar a los países que asistan a la nación centroamericana.

Mark Green, director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), dijo el viernes en un comunicado que la ley es un “paso positivo para sancionar a individuos y entidades involucradas en corrupción y abusos de derechos humanos, y para negar al régimen de Ortega inyecciones financieras que pudieran permitirle seguir la opresión” .