Política

Estados Unidos insta a la OEA a responder al cierre forzado de sede en Nicaragua

Gobierno de Ortega ratificó el domingo su decisión de abandonar la OEA, retiró las credenciales de sus delegados y anunció la clausura de la sede de la organización en Managua

Washington. Estados Unidos instó el miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a tomar medidas “concretas” para responder al cierre forzado de la oficina del bloque regional en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega.

“No podemos simplemente encogernos de hombros y mirar hacia otro lado”, afirmó el representante estadounidense ante la OEA, Bradley Freden, durante una sesión del Consejo Permanente de la organización. “Debemos condenar la acción en los términos más enérgicos y considerar otras respuestas más concretas también”, aseguró.

El gobierno de Ortega ratificó el domingo su decisión de abandonar la OEA, expresada el 19 de noviembre pero que según los estatutos recién se concretará en dos años. También retiró las credenciales de sus delegados ante la OEA y anunció la clausura de la sede de la organización en Managua.

“Es esencial que tratemos este acto como la abominación institucional e ilegal que es”, subrayó Freden. “Si bien el régimen de Nicaragua nos ha dicho que se va de la OEA, aún sigue sujeto a estas obligaciones. Y si queremos que esas normas signifiquen algo, no debemos tener miedo de aplicarlas en casos escandalosos como este”, enfatizó.

El Consejo Permanente de la OEA trató el tema a pedido del secretario general, Luis Almagro, quien el mismo domingo dijo que las autoridades nicaragüenses habían “ocupado ilegítimamente” las oficinas de la organización en Managua, en “una violación de las más elementales normas internacionales”.

“Nunca había ocurrido antes. Los peores dictadores americanos, incluso los Somoza, jamás tomaron medidas como estas”, sostuvo el miércoles Almagro ante el órgano ejecutivo de la OEA, calificando lo ocurrido de “afrenta para Latinoamérica”. Almagro repudió además la expropiación del edificio, que según dijo no era propiedad de la OEA, sino arrendado.

La decisión fue comunicada el martes por el gobierno de Ortega, que dijo que allí funcionará “el museo de la infamia”. “Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario actuar ya”, advirtió Almagro. Y agregó: “Tampoco el Consejo Permanente puede dudar de que cualquier justificación abre la puerta a tener que aceptar mañana nuevas medidas que pueden afectar a quienes hoy callen”.

“La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político acuerde”, prometió. Dieciséis de los 34 miembros activos de la OEA, incluido Estados Unidos, expresaron su “consternación” y “preocupación” por lo ocurrido, reclamando respeto por los principios del derecho internacional.

El embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth calificó la situación como “lo más parecido a una película de Almodóvar” y se mostró escéptico sobre el impacto de una eventual reacción de la OEA. “Tenemos que ser muy cuidadosos al evaluar nuestros pasos porque probablemente si lo que sigue es una resolución adicional de repente tampoco obtendremos mayores resultados”, expresó.