Tanto la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido ultraderechista Vox, rebatieron los alegatos de los abogados de la defensa, quienes el martes, al inaugurarse el juicio, lo presentaron como una causa políticamente sesgada contra el independentismo catalán.
Tras estas dos primeras jornadas sobre cuestiones previas, el jueves a las 9 GMT (3 a. m. hora de Costa Rica) comenzarán los testimonios, con el del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, principal acusado para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel.
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“No es el independentismo lo que se enjuicia, no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso, son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente en los meses de setiembre y octubre del 2017 el objeto de este enjuiciamiento”, declaró el fiscal Javier Zaragoza.
“Los acusados llevan años defendiendo este proceso independentista, se han manifestado, han convocado manifestaciones multitudinarias” y solo se les ha procesado cuando “han llevado a cabo acciones que han quebrantado los límites establecidos para los derechos políticos”, afirmó.
En el primer día de este esperado juicio, transmitido íntegramente por televisión, la defensa denunció que la causa “atenta contra la disidencia política”, en palabras de Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras.
Además de Junqueras, están acusados la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
Por impulsar un referendo de autodeterminación el 1.° de octubre de 2017 y declarar unilateralmente el 27 de ese mes una fallida república catalana, los acusados deben responder por presuntos delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
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La Fiscalía reclama penas desde los 7 hasta los 25 años de cárcel para Junqueras, en este juicio que puede durar tres meses y cuya sentencia no se conocerá antes de julio. El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien está en Bélgica.
En sus alegaciones, el fiscal Zaragoza acusó a la defensa de emitir “una visión distorsionada de la realidad con el fin de desacreditar a la Justicia española y sus instituciones”.
“La actividad política no es una patente de corso que justifica la ejecución de acciones delictivas”, como desobedecer al Tribunal Constitucional, que prohibió el referendo de autodeterminación, alegó Zaragoza.
El hecho de que los independentistas usaran “escudos humanos” contra la Policía que intentaba impedir el referéndum, generando choques, probaría que incurrieron en “violencia”, según el fiscal Fidel Cadena, una cuestión clave ya que es el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión.
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El partido ultraderechista Vox, que gracias a una particularidad del sistema jurídico español ejerce la acusación popular, tuvo su debut este miércoles, cuando su abogado Pedro Fernández criticó que uno de los acusados porte en el juicio un lazo amarillo, símbolo separatista para reclamar la libertad de sus líderes.
Pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, expresó que con base en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el uso de símbolos en juicios, el Supremo “no va a poner ningún obstáculo” a que se utilice.
