No solo el presidente del Gobierno, sino el Estado español como un todo, están dispuestos a impedir un cambio en las fronteras del reino. El juicio que empezó este martes 12 de febrero apunta en esa dirección.

El proceso, que se prolongará por tres meses, muy posiblemente acabe con penas de cárcel para todos o la mayoría de los 12 líderes acusados por rebelión, desobediencia y malversación de fondos.

Pero difícilmente implicará el fin del problema y más bien podría prolongar –¿hasta cuándo?– la convivencia a regañadientes de un matrimonio en problemas.

Hasta hace unos 10 años, el modelo de una autonomía regional con amplias potestades de autogobierno en materia de educación, salud, seguridad pública, comercio interior, etc. parecía funcionar bien, luego de casi 40 años de centralismo rígido impuesto por la dictadura de Francisco Franco.

Entonces, ¿por qué cobró fuerza la demanda de construir una Cataluña independiente?

Antes de seguir, es prudente y necesario tener en cuenta un muy importante detalle: la mayoría de la población catalana no es partidaria de la emancipación. Sí, como lo lee. En las últimas elecciones legislativas regionales, que se realizaron en diciembre del 2017, los partidos independentistas lograron 47,5% de los votos, pero tienen la mayoría de escaños en el Parlament, compuesto por 135 escaños.

¿Cómo es eso de que son mayoría en la Cámara si no llegaron ni al 50%? Bien, sucede que el sistema electoral en la región incluye una recompensa por el voto en las zonas rurales. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas.

Auge del nacionalismo

Lo que sí es cierto es que después del 2010, la adhesión al reclamo de una independencia experimentó un aumento, y los especialistas señalan varias razones.

Por ejemplo, señala un análisis del Real Instituto Elcano, a partir de los años 80 se da un proceso de construcción de una identidad nacional catalana diferente a la española. Quizás suene paradójico, pero el modelo de división del Estado español en 17 comunidades autónomas, contemplado en la Constitución de 1978 facilitó" la capacidad de actuar como un ‘casi Estado’, con el gobierno autonómico (...) gestionando temas importantes para la (re) construcción política y simbólica de la nación catalana", señala Montserrat Clua i Fainé en un estudio del Institut Català d’Antropologia, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

También jugó un papel clave el fallo del Tribunal Constitucional de España que anuló varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en el 2006, sobre todo los relacionados con la creación de un poder judicial autónomo y una reformulación del concepto de nación.

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Para aquella especialista, esa sentencia hizo concluir a dirigentes del independentismo “que el modelo político autonómico había llegado a su límite”.

¿Y qué más empujó esta ola secesionista?

El ejemplo de Escocia, donde los nacionalistas pactaron un referendo con Londres para decidir si tomaban el camino de la emancipación. El resultado fue negativo para esa aspiración.

También incidió el surgimiento de una especie de “populismo” de rebelión fiscal contra las políticas de austeridad y control de gasto público tomadas por el gobierno de Rajoy para hacer frente a la crisis de la “burbuja” inmobiliaria, que reventó en el 2008 y de la cual España no pudo escapar.

Este crecimiento del independentismo, valga decir, no alcanzó las cotas logradas por los grupos nacionalistas en otras elecciones legislativas en Cataluña. Dos muestras: en 1984 lograron 52,5% y en 1995 el apoyo fue de 50,9%. Después, el respaldo ha caído por debajo del 50%.

En los últimos 10 años, el enfoque del nacionalismo catalán ha evolucionado de un planteamiento centrado en la reivindicación de la identidad cultural y lingüística a otro en el cual el eje es el concepto de ciudadanía y de nación. Por tanto, se aboga por el “derecho a decidir” como parte de la libertad democrática.

La intervención de la autonomía, que fue la respuesta inmediata de Rajoy a la declaración unilateral de la independencia, puso a los partidarios de esta frente a la realidad del peso legal del Estado y el respaldo, tácito o explícito, de la comunidad internacional a Madrid. La Unión Europea, en particular, se plegó a la postura de España pues varios de sus estados tienen dentro de sus fronteras gérmenes de separatismo que podrían ganar fuerza con un “mal ejemplo”.

Sin interlocutores

La apertura del juicio a los dirigentes independentistas se da en un contexto de alta tensión entre el Gobierno de España y la administración autónoma de Cataluña. Ni siquiera hay diálogo, que se rompió la semana anterior.

Más bien, las audiencias en el Tribunal Supremo serán otro escenario del enfrentamiento entre las partes.

Está claro que los encausados van con todo para desprestigiar el juicio, que ya han presentado como una “farsa” y una “venganza” del Estado. “La causa atenta contra la disidencia política”, según Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, uno de los 12 en el banquillo de los acusados.

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Para el sistema judicial español es una prueba de su independencia y, principalmente, encara el reto de demostrar que el enjuiciamiento no es una factura política, sino que se fundamenta en evidencias de que hubo, en verdad, un plan de rebelión.

No será posiblemente hasta mediados de año cuando se conozca el fallo, mas hay poca duda que cualesquiera sean las características del veredicto el foco de tensión no se extinguirá.

Primero, porque entre la misma sociedad catalana hay una evidente fractura política que quedó más que demostrada en los comicios del 2017.

Además, ¿cuál será la estrategia de batalla para los independentistas, después de que Madrid mostró los músculos del poder y, si como es previsible, varios de sus líderes terminan condenados?

Para el Gobierno Central, una eventual llegada al poder en Cataluña de los partidos opuestos a la secesión sería ideal para tratar de aplacar el enfrentamiento. Mientras esto no ocurra, seguirá el estira y encoge.

Es todo por ahora.