EscucharCoronado por una inmensa cruz de 150 metros visible a kilómetros a la redonda, el monumental mausoleo de Francisco Franco continúa generando controversia en España cuarenta años después de la muerte del dictador.
El Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial española, desestimó este martes un recurso presentado por los descendientes del dictador contra la decisión del gobierno socialdemócrata de retirar sus restos de este complejo.
Inaugurado en 1959, el Valle de los Caídos está situado en una cadena montañosa a unos 50 kilómetros de Madrid.
El complejo está compuesto por una basílica de 262 metros de largo horadada en la roca y una abadía benedictina, coronado por la enorme cruz de 150 metros de altura y unas 200.000 toneladas de peso.
Debajo de la basílica, cuyos muros están decorados con amenazantes estatuas de arcángeles y escenas inspiradas por el Apocalipsis bíblico, se hallan las tumbas siempre cubiertas de flores de Franco, muerto en 1975 tras 36 años de poder, y de José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido de inspiración fascista de la Falange.
Franco, vencedor de la sangrienta guerra civil española (1936-1939) tras protagonizar un levantamiento militar contra la República, ordenó la construcción de este complejo en 1940 en la que participaron a la fuerza miles de prisioneros políticos.
Más adelante pretendió convertirlo en un lugar de "reconciliación" de todos los españoles e hizo trasladar allí los restos de más de 30.000 víctimas de la Guerra Civil, "caídos por Dios y por España".
Entre ellos había combatientes de su bando pero también republicanos trasladados desde fosas comunes sin el consentimiento de sus familiares.
En 2011, una comisión de expertos encargada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recomendó dar una "resignificación" al lugar incorporando una exposición permanente sobre su historia, la de las víctimas y la de los presos políticos que participaron en su construcción.
Pero a finales de ese año, los socialistas perdieron el poder y sus sucesores del Partido Popular (PP) optaron por ignorar este informe.
El PP, heredero de la antigua Alianza Popular, fundada por antiguos ministros del franquismo, considera que las políticas de memoria histórica impulsadas por los socialdemócratas solo contribuyen a abrir heridas del pasado.
De nuevo en el gobierno en 2018, con Pedro Sánchez a la cabeza, el PSOE hizo de la exhumación del dictador una prioridad y asegura, sin dar demasiados detalles, querer dotar de un nuevo significado al mausoleo para que deje de ser un lugar de apología del franquismo.
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