Cuba. Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, en las cuales cerca de 500 personas fueron condenadas, la isla comunista continúa sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento, así como la represión contra las voces disidentes.
Este martes, las calles de La Habana permanecieron en calma, con sus habitantes dedicados a las actividades cotidianas habituales.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles al grito de “Tenemos hambre” y “Abajo la dictadura”, tras meses de estricto confinamiento debido a la pandemia y a una crítica situación económica causada por la ausencia de turistas. Estas protestas fueron inéditas desde la Revolución de 1959.
Según la ONG Justicia 11J, que ahora tiene sede fuera de la isla, más de 1.500 personas fueron detenidas durante esas marchas, y casi 700 de ellas siguen en prisión. Las autoridades informaron que cerca de 500 presos recibieron condenas, llegando algunos a recibir hasta 25 años de prisión.
El gobierno acusó nuevamente a Estados Unidos de orquestar las marchas para derrocarlo.
“Desde los Estados Unidos se orientó e incitó a cometer actos de violencia y provocaciones contra las autoridades en Cuba. Se montó una campaña para generar durante semanas la imagen de un país en crisis social”, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, en Twitter.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hizo un llamado en un comunicado a “la comunidad internacional para que se una a nuestra demanda al gobierno cubano de liberar a cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros que están injustamente encarcelados”.

“Volverse mago”
Aunque hace un año el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que el país de 11 millones de habitantes superaría la “compleja situación económica”, Cuba sigue luchando por salir del atolladero.
La inflación descontrolada, la lenta recuperación del turismo, la caída en la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.
Según Yaneysi, una vendedora de artesanías de 31 años, “la situación económica está igual o incluso peor que antes del 11 de julio, hay menos comida, menos medicamentos y los precios están por las nubes”.
“Hay que volverse mago para conseguir lo necesario”, agregó.
Ante estas dificultades, el gobierno aceleró la apertura económica hacia el sector privado, que es esencialmente estatal, lo cual alivió algunas carencias pero aumentó las desigualdades debido a los altos precios.
Las actividades cotidianas en La Habana se llevaron a cabo con normalidad este martes, bajo la observación de un sinnúmero de agentes de seguridad del estado vestidos de civil apostados en muchas calles.
Yoani Sánchez, periodista y fundadora del sitio de noticias 14ymedio, mencionó en un tuit que “desde muy temprano se ha desplegado un operativo de la policía política” debajo de su edificio para impedirle salir a la calle.
Mientras tanto, el opositor Manuel Cuesta Morúa informó que se encontraba “sin internet y con una patrulla” frente a su domicilio.
Huelga de hambre
A pesar de las duras condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, los cubanos, atrapados en una situación material muy precaria, dudan cada vez menos en expresar su descontento hacia las autoridades.
En 2022 se produjeron manifestaciones esporádicas contra los cortes de electricidad en varias provincias y en La Habana. En mayo, decenas de personas se manifestaron contra la escasez de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad ubicada a 1.000 km al este de La Habana.
“Las protestas son un reflejo de la caída de la credibilidad” del gobierno, que se esfuerza por ofrecer soluciones a la crisis, afirmó el sociólogo Rafael Hernández.
Los opositores y activistas denuncian regularmente detenciones arbitrarias, hostigamiento y presiones para abandonar el país. Justicia 11J recientemente lanzó una campaña para alertar sobre el arresto de “diez activistas y disidentes cubanos” que siguen encarcelados, en medio de una “nueva ola de represión”.
Jóvenes activistas que fueron el rostro de la movilización, como el dramaturgo Yunior García y la historiadora del arte Carolina Barrero, se vieron obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue condenado a cinco años de prisión y comenzó una huelga de hambre el viernes pasado.
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Además, 15 organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, entre las que se encuentran Civil Rights Defenders y Artículo 19, instaron a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a “exigir” a La Habana que “garantice el derecho a la protesta y libere” a los manifestantes encarcelados.
El Vaticano y la Unión Europea también han solicitado la liberación de los manifestantes encarcelados.
