Corte Suprema de EE. UU. investiga presunta manipulación electoral por motivos raciales en Carolina del Sur

Como los republicanos solo tienen mayoría en la Cámara de Representantes por un puñado de votos, cualquier cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema podría determinar el margen de maniobra del próximo presidente estadounidense.

En EE. UU., los partidos políticos pueden trazar las fronteras de las circunscripciones en función de sus intereses, lo que denominan “gerrymandering”, una práctica legal en términos generales, pero prohibida si se lleva a cabo por motivos raciales y no por afiliación política.

Los nueve jueces de la Corte Suprema abordaron este miércoles el mapa de Carolina del Sur, donde la mayoría republicana ha "exiliado a 30.000 ciudadanos afroestadounidenses" en Charleston (sureste), es decir, el 62% de la población negra, según los magistrados de primera instancia.

"Todo esto se reduce a separar la raza de la política", resumió Samuel Alito, uno de los jueces más conservadores, pese a que ambas a menudo se superponen en la forma de comportarse electoralmente.

Por ejemplo, tanto en Carolina del Sur como en Alabama, de los siete congresistas de la Cámara de Representantes seis son republicanos blancos y uno es un demócrata negro.

Durante los debates, que duraron más de dos horas, la mayoría conservadora se mostró escéptica sobre el fallo en primera instancia, que concluyó que el factor racial era el motivo predominante para el rediseño de distritos en torno a Charleston.

“Nunca hemos tenido un caso como este”, manifestó el presidente de la corte, John Roberts, quien destacó la ausencia de pruebas directas o “circunscripciones con contornos extraños” que indiquen que hay manipulación racial.

Un fallo a favor de los demandantes "marcaría un punto de inflexión en nuestra jurisprudencia sobre el derecho de voto", subrayó su abogada, Leah Aden.

Delito flagrante

Los tres jueces nombrados por presidentes demócratas estimaron, por el contrario, que no se necesita un “delito flagrante” para establecer pruebas.

Se cree que la corte podría emitir un fallo a finales de enero de 2024.

Para los activistas de derechos civiles, como la influyente Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el tiempo apremia a medida que se acercan las presidenciales de noviembre de 2024.

“Los votantes negros del primer distrito ya tuvieron que votar una vez bajo este mapa inconstitucional en 2022″, lamenta Sophia Lin Lakin, a cargo de los temas electorales de la ACLU.

“No deberían tener que volver a pasar por esto en las próximas elecciones”, opinó la dirigente.

La semana pasada, un tribunal federal validó el nuevo mapa electoral de Alabama (sur), incluyendo dos circunscripciones de mayoría afroestadounidense en vez de una.

El tribunal y después la Corte Suprema invalidaron el mapa adoptado por la mayoría republicana, alegando que violaba la Ley de Derecho al Voto.

Esta ley de derechos civiles aprobada en 1965 tiene como objetivo evitar que los antiguos estados segregacionistas del sur del país nieguen a los afroestadounidenses el derecho al voto.

Georgia y Luisiana están pendientes de recursos sobre una nueva delimitación electoral, que incluye una circunscripción más, con población mayoritariamente afroestadounidense, en cada uno de estos dos estados del sur dirigidos por republicanos.