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El financiamiento autorizado para el Plan Mérida hará énfasis en mejorar la coordinación entre agencias de seguridad de Centroamérica, México y EE. UU. para atacar el tráfico de drogas, precisó ayer el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Thomas Shannon.
Shannon, con el director de política antidrogas de la Casa Blanca, John Walters, y el secretario adjunto contra el Narcotráfico del Departamento de Estado, David Johnson, expresaron en teleconferencia a medios latinoamericanos la urgencia del plan contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El mandatario estadounidense, George Bush, autorizó girar $465 millones al plan incluidos en una ley que otorga $162.000 millones para financiar las guerras en Iraq y Afganistán. De los $465 millones, $400 millones irán al combate de la violencia y el narcotráfico en México y el resto a Centroamérica.
Los funcionarios evitaron precisar metas concretas o cifras para estimar el éxito del plan.
Plantearon que el éxito del plan residirá en cuán rápido se podrán implementar los planes de cooperación y la coordinación entre agencias de seguridad en cada país con sus contrapartes en EE. UU.
“El objetivo aquí no es la cantidad de medidas adoptadas, sino asistir a nuestros socios en la región a fortalecer sus instituciones para que las organizaciones criminales puedan ser desarticuladas y destruidas”, señaló Johnson.
Un bloque. Shannon aclaró que los $65 millones para Centroamérica no se repartirán país por país pues el plan contempla al Istmo como un bloque donde se busca elevar la cooperación interna entre autoridades judiciales.
“No estamos destinando fondos en forma equivalente en Centroamérica o en otra forma aún. Vamos a trabajar con nuestros socios en el área según desarrollemos la forma como se implementará el plan en cada país”, aseveró Shannon.
El funcionario también descartó el envío de funcionarios norteamericanos a la región para monitorear la implementación del plan.
La supervisión estadounidense del trabajo de las instituciones mexicanas se contempló en la gestación del proyecto pero esto incomodó a México al punto de considerar ese monitoreo inaceptable para su soberanía; por lo cual se suprimió.
En este sentido, Shannon señaló que la información en términos de evaluación sobre lo que EE. UU. hace en Centroamérica proviene de sus embajadas en cada país y, gracias a ello, seguirá trabajando desde sus legaciones ya instaladas.
Minimizó que el Plan Mérida solo recibiera $465 millones en el primero de tres años de vigencia frente a los $162.000 millones para los conflictos bélicos. “Lo importante aquí es señalar que cuando algo es planteado en el presupuesto como una partida extraordinaria (en referencia al plan) significa que es importante y es urgente”, dijo.
