El periodismo en América Latina y el Caribe atraviesa una de las etapas más críticas e inciertas de su historia contemporánea. Lejos de ser una crisis unidimensional, la prensa se encuentra atrapada en una convergencia de amenazas.
Como sintetiza Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa): “La industria periodística a nivel global atraviesa una tormenta perfecta. Desde hace 25 años intenta desarrollar nuevos ingresos digitales que compensen o reduzcan la brecha con la caída de ingresos tradicionales. Pero los primeros suben lentamente por una escalera y los segundos bajan rápidamente en un ascensor. Con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen. Y a esto se suma la expansión de un discurso extraordinariamente agresivo que intenta deslegitimar al periodismo”.
Esta cruda radiografía es respaldada y cuantificada por cuatro de los estudios más prestigiosos a nivel global sobre la industria: el Digital News Report 2026 del Reuters Institute, el informe sobre el Estado del Desarrollo de los Medios 2025 de la DW Akademie, el reciente y alarmante Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS), y la información recientemente actualizada a través del Índice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El Reuters Institute advierte una nueva fase de “plataformización” del consumo informativo: por primera vez las redes sociales y plataformas de video (54%) superan a los sitios y aplicaciones de noticias (51%) como principal puerta de acceso a la información.
El diagnóstico de RSF para 2026 es el más sombrío desde su creación. “Por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación ‘difícil’ o ‘muy grave’. En los 25 años de historia del ranquin, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja”.
Esta realidad global se complementa con las cifras del Informe Sombra, que confirman un deterioro regional persistente: en 2025 se documentaron 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países.
El asedio del poder político y el Estado como agresor central
En todo el continente, la libertad de prensa enfrenta un retroceso estructural donde los gobiernos han dejado de ser garantes para convertirse en victimarios.
El Informe Sombra lo confirma con un dato inapelable: uno de cada dos agresores identificados en la región (50,5%) fue estatal.
El deterioro se expresa en ataques verbales y campañas de estigmatización, pero también en obstáculos para acceder a información pública, litigios intimidatorios, intentos de endurecer leyes de difamación y normativas ambiguas sobre desinformación, ciberseguridad o contenidos digitales.
La organización documentó 279 alertas relacionadas con restricciones al acceso a la información y 190 vinculadas con hostigamiento judicial.
RSF 2026 subraya que “a nivel regional, las Américas experimentan un cambio significativo a peor, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos, y el desplome de varios países latinoamericanos, sumidos en una espiral de violencia y represión”.
Dessein alerta sobre la magnitud de este clima: “La intolerancia y los ataques de prensa se repiten en regímenes y países muy diversos, desde dictaduras como Cuba y Nicaragua, a presidencias con características ideológicas muy distintas, surgidas de elecciones libres, como El Salvador o Colombia. En muchos casos aparece una conexión entre la hostilidad de los gobiernos y el uso de un aparato comunicacional digital que promueve la difamación y ataques coordinados contra todo aquel que se atreva a formular alguna discrepancia o a analizar críticamente la gestión de los diversos gobiernos”.
La violencia letal en 2025 se cobró la vida de 23 periodistas en América Latina, nueve más que en 2024, lo que equivale a un periodista asesinado cada 16 días.
En el Índice 2026, México (122) se consolida trágicamente como el país más peligroso para la prensa, “por encima de Ucrania y Siria”.
RSF describe cómo este derramamiento de sangre hunde a otras naciones: “Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado. Es el caso de Ecuador (125), que pierde 31 puestos tras los asesinatos de Darwin Baque y Patricio Aguilar”.
A nivel regional se registraron 296 agresiones físicas, a menudo con uso desproporcionado de la fuerza estatal.
En países bajo regímenes cerrados o dictaduras consolidadas, la asfixia mutó a control total y devastador.
RSF 2026 sentencia: “Venezuela (159) sigue sumida en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de información (...). Mientras que Cuba (160) atraviesa una profunda crisis que obliga a los escasos periodistas independientes a operar cada vez más en la clandestinidad, en Nicaragua (168) el panorama mediático está sencillamente en ruinas, víctima de una represión sistemática y un deterioro permanente de las condiciones de ejercicio de la profesión”.
Esta radiografía continental encuentra en Centroamérica uno de sus focos más críticos.
Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica —que publica anualmente un informe regional en alianza con la Fundación Böll de Alemania—, describe este deterioro como un fenómeno de fronteras porosas.
“En los últimos años, hemos visto cómo Centroamérica muestra un deterioro constante en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa. Los periodistas señalan diversas formas de presión y restricción, entre ellas la persecución estatal, la criminalización, la estigmatización pública, la violencia digital y otros mecanismos indirectos de censura. Por ejemplo, en el caso costarricense, el uso de la pauta de publicidad estatal para premiar o castigar a medios de comunicación”, detalla.
Al analizar el modus operandi de las agresiones, Boza advierte el rol de los nuevos actores digitales: “Cada vez se acercan más a dinámicas comunes, en donde los actores político‑institucionales siguen siendo la principal fuente de esos ataques (...). El espacio público digital se caracteriza además por las campañas de desprestigio contra periodistas en toda la región. Esos ataques son producidos deliberadamente en un ecosistema mediático caracterizado por seudomedios, espacios oficiales, influencers o cuentas anónimas que deslegitiman el papel de la prensa en una democracia”.
Frente a este asedio multiforme, la salida suele ser trágica. “El exilio de periodistas se ha convertido también en un fenómeno regional en aumento. Nicaragua sigue siendo el país con la situación más extrema, pero El Salvador y Guatemala se muestran también como naciones con desplazamiento forzado. Hoy, la violencia se caracteriza por formas más complejas: las restricciones legales y el hostigamiento directo en El Salvador, una mayor persecución judicial en Guatemala, o el uso del aparato del Estado para presionar a medios en Costa Rica son algunas de las características de este deterioro”, concluye la experta.
El colapso del modelo económico
A la par de la hostilidad política, la prensa de la región padece una crisis financiera estructural.
En mediciones previas y actuales, una inmensa mayoría de los países americanos sufren caídas de su indicador económico, empujando a redacciones raquíticas a doblegar su independencia editorial.
Según el Digital News Report 2026, las plataformas sociales y de video ya son la vía dominante de acceso a las noticias, mientras que los sitios y aplicaciones propios de los medios continúan perdiendo centralidad.
Esta migración complica aún más los esfuerzos de monetización directa y aumenta la dependencia de intermediarios tecnológicos para alcanzar audiencias.
Reuters detectó que el interés intenso por las noticias cayó 13 puntos porcentuales desde 2021 y que uno de cada cuatro usuarios consume información de manera ocasional o pasiva.
José Tomás Santa María, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile, advirtió de que el principal reto para el periodismo en la región es la sustentabilidad económica de los medios, ya que “sin medios viables no hay periodismo independiente, y sin periodismo independiente no hay democracia que funcione”.
Identificó como amenaza estructural el uso de contenidos periodísticos por parte de plataformas y empresas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación, así como la reproducción ilegal de contenidos por servicios de clipping.
También rechazó que el Estado asuma el rol de definir qué constituye desinformación, al considerar que ello representa un riesgo para la libertad de expresión, y defendió una respuesta basada en la autorregulación, la verificación de hechos y el fortalecimiento del periodismo profesional.
En esta fragilidad, los medios de interés público pasaron a depender fuertemente de los fondos de la cooperación internacional.
La DW Akademie advirtió severas deficiencias: ninguno de los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para un apoyo eficaz se cumple plenamente en la región.
Los fondos internacionales son de corto plazo, rígidos, y excluyen los altísimos costos operativos centrales —salarios e infraestructura tecnológica— imprescindibles para sobrevivir.
Los medios denuncian un “paracaidismo” burocrático que ignora realidades locales e indígenas, situación agravada en 2025 por crisis sorpresivas como la cancelación de programas de Meta y fondos de USAID.
Influencers políticos: de la militancia digital al poder institucional
En paralelo, la irrupción de influencers y streamers reconfigura la legitimidad pública y el debate democrático en América Latina.
Estos actores no son solo “creadores de contenido”: se han convertido en una nueva clase de líderes de opinión que construyen poder a partir de vínculos emocionales y de cercanía con sus audiencias, muchas veces sin respetar estándares periodísticos básicos de verificación y contraste.
Dessein señala que el rol del “periodismo militante” en la Argentina kirchnerista hoy fue reemplazado por influencers militantes que impulsan “un falso debate” y una impugnación de cualquier pensamiento disidente, degradando la convivencia ciudadana.
Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), defiende la objetividad como horizonte deseable: buscar varios lados de la historia y evitar comprometerse con extremos, aunque eso hoy se perciba como “ser tibio” en un ecosistema acostumbrado a premiar a quien más grita.
En este entorno, los streamers que funcionan como activistas digitales pasan de ser propagandistas a aspirar a cargos públicos, difuminando la frontera entre comunicación política y periodismo.
El informe Journalism and Technology Trends and Predictions 2026, del Reuters Institute, concluye que siete de cada diez ejecutivos consideran que los creadores de contenido están capturando tiempo y atención antes reservados a los medios tradicionales.
El 27% de los usuarios obtiene noticias de creadores especializados y el 46% recibe información de algún tipo de creador digital, valorando su cercanía y capacidad de explicar temas complejos de forma sencilla, aunque los perciben como menos confiables e imparciales que los medios.
En varios países de la región, esa influencia ya se traduce en poder institucional: partidos y candidatos incorporan influencers a sus campañas, y algunos pasan directamente de TikTok o YouTube a ocupar escaños parlamentarios, capitalizando audiencias jóvenes que desconfían de los medios tradicionales.
La comunicación política también se adapta a esta lógica. Cada vez más dirigentes prefieren conceder entrevistas a streamers, podcasters o creadores afines antes que enfrentar formatos periodísticos tradicionales caracterizados por la repregunta y la verificación independiente.
Dicha preferencia debilita la intermediación profesional de la prensa y normaliza una relación directa entre líderes y seguidores mediada por algoritmos, en la que el incentivo central es la polarización y el impacto emocional más que la precisión informativa.
En sociedades atravesadas por la crispación, la combinación de activismo digital, desinformación y monetización de la atención vuelve a los influencers políticos piezas clave de la nueva arquitectura del poder.
Volver a las raíces humanas del oficio
Ante esta convergencia de amenazas —asfixia económica, judicialización del oficio, violencia letal e impunidad, estigmatización patrocinada desde los Estados y captura de audiencias por influencers y plataformas algorítmicas— el periodismo latinoamericano asiste a una reconfiguración cruda de su rol democrático.
Según las predicciones del Reuters Institute para 2026, la principal estrategia de los medios frente a la automatización será apostar por la “distinción”: investigaciones originales, reportería en terreno, análisis contextual y historias profundamente humanas, reduciendo la producción de noticias generales replicables por chatbots.
Al mismo tiempo, el 79% de los editores planea invertir más en video y el 71% en audio y pódcast, formatos más difíciles de mercantilizar por agregadores artificiales y que fortalecen el vínculo con las audiencias.
La historia del periodismo latinoamericano siempre estuvo marcada por tensiones con el poder político, crisis económicas y cambios tecnológicos, pero lo novedoso del presente es la simultaneidad de todas estas amenazas.
La supervivencia del periodismo en la región no dependerá solo de encontrar nuevos modelos de negocio, sino de recuperar algo más difícil: la capacidad de convencer a las sociedades de que la información verificada es un bien público indispensable en medio del ruido digital, y que sin medios profesionales, independientes y sostenibles, la democracia se queda sin sus principales defensas.