La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, votó a favor del texto.
En los días previos a la votación, Ben Gvir, del partido Poder Judío, portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto.
Hubo una abstención y los demás legisladores no estaban presentes en el hemiciclo.
La oenegé Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció inmediatamente que recurrirá a la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.
La ley estipula que cualquier persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”.
En el caso de los palestinos en Cisjordania ocupada, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como “actos de terrorismo” por un tribunal militar israelí.
Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial.
El proyecto de ley contempla que las sentencias puedan ser reducidas a cadena perpetua si hay “circunstancias especiales”.
En tanto, si un tribunal penal israelí condena a una persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”.
Esta jurisdicción es competente en los casos que involucran a israelíes, incluidos los palestinos que son ciudadanos en Israel.
La ley estipula que el método de ejecución sea la horca y que el castigo se aplique en un plazo de 90 días tras la sentencia, con un aplazamiento posible de 180 días.
“Discriminatoria”
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene “ninguna soberanía” en los territorios palestinos y dijo que la ley busca “legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación”.
En febrero, Amnistía Internacional instó a los legisladores israelíes a rechazar la ley, ya que, según la organización de derechos humanos, “permitiría a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos”.
Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron el domingo su “profunda preocupación” por un proyecto de ley que puede “socavar los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos”.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel afirmó que la ley es “inconstitucional, discriminatoria por naturaleza y, en el caso de los palestinos de Cisjordania, ha sido aprobada sin fundamento jurídico”, en un comunicado en el que explica los motivos de su recurso ante la Corte Suprema.
La pena de muerte está contemplada en el orden jurídico israelí, pero el país aplica una moratoria de facto y la última persona ejecutada fue el criminal nazi Adolf Eichmann, en 1962.
