Escuchar
Yamena, Chad. El gobierno de Chad anunció el lunes su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando su eficacia “limitada y de aplicación variable”.
“Esta decisión es el resultado de un análisis exhaustivo del funcionamiento de la CPI desde su entrada en funciones en 2002, así como de su desempeño, cuya eficacia sigue siendo limitada y de aplicación variable”, sostuvo el portavoz del gobierno en un comunicado, denunciando una actividad centrada en el continente africano.
Esta retirada se da en un contexto de denuncias de la comunidad internacional contra la presunta implicación de Chad en el conflicto sudanés.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chad, la decisión intervino a pedido de Estados Unidos, que instó al país a reconsiderar su adhesión el pasado jueves.
Venezuela anunció el viernes que se retiraría de la CPI, mientras el ente investiga posibles crímenes de la era de Nicolás Maduro.
Estados Unidos anunció el 13 de julio el lanzamiento de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de “librar una guerra” contra Washington y de representar “una amenaza intolerable” contra los estadounidenses, y advirtió de nuevas sanciones.
Contra la Corte Penal Internacional
Creada en 2002, la CPI procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado internacional que instituyó la CPI. Tampoco adhirieron Israel ni Rusia.
Entre las medidas que evalúa contra el tribunal están que diplomáticos estadounidenses llamen a otros países para instarlos a retirarse del organismo, así como prohibiciones de viaje y sanciones contra funcionarios de la CPI.
Las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI, con sede en La Haya, son hostiles y varios magistrados de la corte, entre ellos el fiscal general, ya son objeto de sanciones estadounidenses.
Estas sanciones prohíben que los jueces ingresen a Estados Unidos y bloquean cualquier transacción inmobiliaria o financiera bajo jurisdicción de la mayor economía del mundo.
Las sanciones constituyen en su mayoría una respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por la CPI contra Israel, aliado de Estados Unidos.
El tribunal emitió en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin.
