La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.
El tribunal inició en 2018 un examen preliminar tras una denuncia de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá sobre la presunta violación de derechos humanos en Venezuela.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”.
Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.
Esta decisión se debe a que “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos”, indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.
Según Plasencia, se trata de un “patrón” que “revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos”.
El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un “progreso real” en el trabajo con el gobierno.
Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de “desentenderse” de sus responsabilidades.
Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.
La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.
En 2020, Venezuela presentó su caso al alegar que las medidas punitivas de Washington desde 2014 habían provocado crímenes como asesinatos, deportaciones y persecución.
Venezuela suscribió el Estatuto de Roma en 1998 y lo ratificó en ley en 2000.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.
