EscucharBogotá. “El enfoque del Gobierno entrante sobre la paz total y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que mi oficina apoya”, dijo la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.
El pronunciamiento se dio luego del lanzamiento, este jueves, del nuevo Informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, el cual estuvo a cargo de Juliette De Rivero, la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
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El texto analiza el impacto del incremento de la violencia sobre los derechos humanos de comunidades rurales y urbanas, en particular “sobre la vida de mujeres, niñas y niños, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes comunitarias y personas defensoras de derechos humanos, a quienes hemos acompañado en gran parte del territorio del país”.
El informe fue compartido previamente con el actual Gobierno, fue enviado al presidente electo Gustavo Petro y presentado a la vicepresidenta electa Francia Márquez y al canciller designado Álvaro Leyva.
”El informe urge al Gobierno entrante, que tomará posesión el próximo mes, a dar prioridad a la lucha contra esa violencia. Además, establece una serie de recomendaciones para que las autoridades las apliquen urgentemente en aras a proteger la vida y los derechos humanos de los afectados”, dijo Bachelet.
Y añadió: “es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
En los dos últimos años la Oficina observó cómo diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales expandieron su presencia y afectaron deforma creciente a la población y sus derechos.
“Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, impactando en la capacidad de las comunidades de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos. En algunos territorios, los grupos además extorsionan a la población y controlan su movilidad”, aseguró la representante De Rivero.
De Rivero agregó que la semana pasada estuvo en la zona de la Cordillera de Nariño “donde grupos armados no estatales impusieron la carnetización de la población, la institucionalidad se ve forzada a pedir permiso a estos grupos para ingresar a ciertas zonas, y toda persona entre 13 y 70 años está obligada a hacerse un test médico para detectar enfermedades de transmisión sexual y presentar el certificado del resultado para transitar en el territorio”, dijo.
La organización también afirmó que existe un subregistro de eventos por los riesgos que implica para las comunidades denunciar la violencia, por la ausencia de instituciones del Estado en estas zonas, o por la falta de confianza en la institucionalidad para denunciar, y en algunos casos por la dificultad de las entidades del Estado de ingresar a algunos territorios. En el caso de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, la violencia, el desconocimiento de sus autoridades, el desplazamiento y el despojo territorial afectan su pervivencia física y cultural.
Cifras
Entre el 2016 y el 2021, la Oficina verificó 562 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos (incluyendo 64 mujeres). De estos casos, al menos 61 víctimas eran indígenas, 21 afrodescendientes y siete miembros de la comunidad LGBTIQ+. Desde el 2016 a la actualidad el incremento de homicidios ha sido progresivo.
En el 2021, la Oficina recibió 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de los derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos.
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Los departamentos en los que se registró el mayor número de homicidios fueron Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Entre el 1.° de enero y el 30 de junio del 2022, la Oficina recibió 114 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las que verificó 22 casos. 67 casos se encuentran en proceso de verificación y 25 fueron considerados como no concluyentes.
Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia. Entre enero del 2020 y diciembre del 2021, la Oficina documentó el homicidio de al menos 19 autoridades indígenas, 9 de ellas mujeres, y de 6 autoridades afrodescendientes, todos hombres. En la primera mitad del 2022, la Oficina recibió alegaciones de homicidio de ocho autoridades indígenas y de tres autoridades afrodescendientes.
Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, la Oficina siguió documentando masacres, incluidas las ocurridas en comunidades indígenas y afrodescendientes. Las matanzas no solo acaban con la vida de las personas, sino también son una forma de intimidación, coerción y control de las comunidades, en particular por la extrema violencia utilizada.
“Es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas y así garantizar el disfrute y el ejercicio de sus derechos. La estrategia de seguridad del Estado debe enfocarse en la protección de la población civil y la prevención mediante la atención de las causas estructurales de la violencia incluidas en el acuerdo de paz”, afirmó De Rivero.
Recomendaciones
- La implementación de una política estatal eficaz de desmantelamiento de estos grupos, concertada con la sociedad civil en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
- La adopción de un marco legal y una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos como está previsto en el acuerdo de paz.
- La implementación de una estrategia estatal de protección de civiles.
- Considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos.
- Priorizar la implementación territorial del acuerdo de paz, en particular la reforma rural integral.
- Se recomienda consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y de los organismos de control en los territorios.
- Se recomienda reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de los gobiernos propios de los pueblos afrodescendientes e indígenas en estos territorios.
- Es importante el fortalecimiento de la veeduría democrática por parte de la sociedad civil y de las tres ramas del poder público; la modernización de las doctrinas de defensa y de seguridad pública; el fortalecimiento de las autoridades político-administrativas en materia de seguridad ciudadana; el robusto control civil de empresas privadas de seguridad y de armas; la incorporación del enfoque de género y el enfoque de derechos humanos; así como la depuración del personal de las estructuras de la Fuerza Pública vinculado a violaciones de derechos humanos, corrupción o grupos ilegales.
- Abandonar la noción de enemigo interno y la estigmatización de comunidades y pueblos que viven bajo la presencia de grupos armados no estatales.
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