EscucharNueva York. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, llamó al gobierno de Daniel Ortega “a garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de reunión pacífica y las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y culto, y a liberar a todas las personas detenidas de manera arbitraria”, dijo uno de sus portavoces tras la detención de un obispo.
Guterres “está muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua, y por recientes acciones contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de la Iglesia católica (...). Informaciones sobre una redada en la residencia del obispo de Matagalpa solo subrayan estas preocupaciones”, añadió.
El obispo de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, es acusado de “desestabilizar” al gobierno y la Policía lo retuvo dos semanas en su residencia. Este viernes, agentes entraron a la curia a las 3 a. m. y se lo llevaron a Managua, donde permanece detenido.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a la AFP que la intervención policial en la curia se produjo “con violencia”, aunque las autoridades lo niegan.
La Policía precisó que tomó la decisión de mantener a Álvarez en “resguardo domiciliar” en Managua porque el obispo persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”, pero no comunicó dónde se encuentra el obispo.
Ocho sacerdotes, seminaristas y un laico permanecían con Álvarez en la curia y también fueron trasladados a Managua. Todos están bajo investigación.
La situación ocurre en medio de los roces de la Iglesia con el gobierno de Ortega, un exguerrillero que se mantiene en el poder desde el 2007 y que encarceló a decenas de opositores y clausurado medios de prensa, organizaciones educativas y de la sociedad civil.
La Iglesia católica, cuyas relaciones con el gobierno han sido tensas en los últimos cuatro años, es el último reducto de rebeldía desde donde se cuestionan los actos gubernamantales.
El gobierno cerró recientemente el canal de televisión de la Iglesia católica y varias de sus radios. En julio, monjas de Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, huyeron a pie de Nicaragua a Costa Rica luego de que el Congreso cerró sus oficinas y alegó que no estaban acreditadas para realizar operaciones de asistencia social.
El sacerdote Óscar Benítez, de la diócesis de Siuna, que atiende las parroquias del Caribe norte de Nicaragua, fue detenido el 15 de agosto. En junio el régimen de Ortega detuvo al cura Manuel García, contra quien se dictaron dos años de prisión; y en julio la Policía capturó a Monseñor Leonardo Urbina.
Más de 190 políticos y opositores permanecen privados de su libertad y más de 1.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron cerradas por el régimen desde las protestas del 2018.
